Se avecinan cambios en la normativa europea sobre el uso de fitosanitarios en el campo, y el sector teme nuevos quebraderos de cabeza. Así lo ven desde la Unió de Llauradors, organización que cree que la propuesta de Bruselas de limitar el uso de estos productos con el objetivo común de alcanzar una reducción del 50% en el año 2030 puede generar más problemas que soluciones.
Por un lado consideran que el plan «no atiende a la realidad productiva del sector agrario, que, además, no está acompañado de un estudio de impacto riguroso, y no presenta alternativas ciertas y viables para las explotaciones». Otro aspecto que exponen tiene que ver con la reciprocidad, porque el documento «no hace ninguna referencia a las sustancias prohibidas que entran a través de las importaciones alimentarias de países terceros», de modo que dentro de la Unión Europea se exigen unos elevados estándares que no se reclaman si el producto es de fuera del marco comunitario.
La organización agraria ya alertó de que los objetivos ambientales apuntados en la estrategia De la Granja a la Mesa se acabarían reflejando en reglamentos de obligado cumplimiento, y que sustituye al procedimiento habitual de directivas a ratificar por los países miembros. «Ahora se ven las consecuencias de cuando el Consejo y el Parlamento dieron alegremente su visto bueno a aquella estrategia» critica la Unió, al tiempo que considera una irresponsabilidad continuar con la misma hoja de ruta planteada desde el 2019, «como si, en el mundo en estos tres últimos años, no nos hubiera caído encima una pandemia global y una crisis bélica en Europa».
Compromisos
El secretario general de la Unió, Carles Peris, indica que la Unión Europea «no debe tolerar firmar acuerdos sin reciprocidad en el uso de materias activas». Desde este colectivo se muestran partidarios de incorporar estándares de producción ecológica, pero al mismo tiempo reclaman plazos realistas.
Peris destaca que el futuro reglamento «no presenta ninguna alternativa tangible para nuestras producciones» y critica la doble vara de medir respecto a países con los que hay acuerdos comerciales. La Unió advierte de que con estas medidas «se pone en peligro la seguridad y soberanía alimentaria porque llegará un momento en que ya nadie quiera dedicarse a la agricultura y la ganadería». Eliminar productos sin tener alternativas contrastadas será un nuevo lastre.
El precedente del ‘cotonet’ como caso a no repetir
El objetivo que se marca la Unión Europea con la estrategia De la Granja a la Mesa es clara y lógica: hay que conseguir que la producción de frutas, verduras y carne sea más sostenible medioambientalmente, y que a largo plazo no se empleen determinados productos fitosanitarios para los cultivos. El problema viene cuando las sustancias activas no se pueden sustituir por otras con la misma efectividad. Solo hay que recordar lo ocurrido con una de las plagas que más han dado de qué hablar en los últimos años, el tristemente célebre cotonet de Sudáfrica.
Hasta el año 2020 se utilizaban productos con el metil clorpirifos como componente activo para tener controlada la incidencia de este problema. La supresión derivó en un incremento de la plaga, ya que el insecto no se encontró con sustancias que lo atacaban con la misma efectividad. En la pasada campaña citrícola el cotonet causó estragos y contribuyó de forma notable a reducir la cosecha, ya que la fruta deformada por esta cochinilla no se puede comercializar.
Desde entonces hay fitosanitarios autorizados, pero desde el sector se indica que son más caros y menos efectivos. La otra alternativa es la suelta de ejemplares de Anagyrus aberiae y Cryptolaemus montrouzieri, un parasitoide y un depredador para reducir la presencia de cotonet. Hay esperanza de que reduzca el problema, pero no se espera que pase hasta dentro de unos años. Si se hubiesen acompasado los tiempos, los estragos de la plaga hubieran sido menores.
