41 municipios de Castellón se unen al Consell para frenar la construcción ilegal

Acabar con las viviendas, industrias y otras edificaciones construidas en suelo no urbanizable o al margen de la ley en Castellón y el resto de la Comunitat es uno de los objetivos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Su andadura arrancó en marzo pero ya cuenta con 41 ayuntamientos de Castellón --el último, el de Orpesa, cuyo pleno aprobó la adhesión en julio-- y 257 de toda la Comunitat con el objetivo de cooperar y asumir la gestión delegada de los expedientes de sanción y medidas como la demolición, en su caso, de edificaciones ilegales, un problema que se arrastra desde hace décadas y en especial sobre fincas rústicas en montaña o playa, próximas a marjales. 

Balance autonómico de inspecciones

La Agencia ha facilitado un balance a Mediterráneo con cifras de la Comunitat, hasta el 29 de julio: por un lado, está tramitando 203 expedientes que abarcan desde el 2006 hasta el 8 de marzo del 2022; y por otro, solo desde el 9 de marzo (primer día de actividad de la Agencia), se han añadido 215 nuevos procedimientos (otros cinco archivados y uno en resolución). 

A corto plazo, para otoño, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio quiere aprobar su plan de gestión a cinco años vista, que englobará un plan de inspección anual con «las prioridades» en sus actuaciones, «con la máxima objetividad e imparcialidad».

Primero, los adheridos al convenio

El borrador prevé que primero irán los expedientes sobre infracciones «con fecha de prescripción cercana; las relativas a obras o instalaciones en ejecución que requieran una paralización urgente; o las que formen parte de expedientes iniciados y que tengan riesgo de caducidad; o en suelo no urbanizable protegido o con riesgo de zonas inundables o incendio forestal. Otro criterio será priorizar las cometidas en municipios adheridos a la Agencia. Además de la Agencia (con competencia en infracciones graves y muy graves), se actuará a instancia de denuncias de particulares, ayuntamientos y organismos competentes en suelo no urbanizable (Policías Locales y Autonómica, agentes medioambientales, Seprona, etc.). «El gran número de inspecciones y expedientes de disciplina urbanística a tramitar por la Agencia adquirirá un importantísimo volumen en los próximos meses. De hecho, ya lo está siendo», señalaron desde la Conselleria. A nivel extraoficial, la Generalitat estima que existen en torno a 320.000 construcciones ilegales en toda la Comunitat. En la presentación, hace cinco meses, se anunciaron derribos de edificaciones ilegales a partir de agosto del 2014; y el fin de la moratoria para industrias este año. 

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