Con el incendio de Bejís cada vez más cerca de darse por extinguido, a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural han empezado a lloverle críticas por todos los flancos sobre su gestión y participación en este y otros incidentes de la misma naturaleza durante este verano. En especial, por lo que respecta a su posición respecto de los agentes medioambientales que, como se ha podido ver en Bejís, han tenido una implicación muy activa en las labores de extinción. Desde la izquierda y la derecha le reprochan a Mireia Mollà que haya dejado desprotegidos a estos profesionales dependientes de su departamento.

El sindicato CGT hizo ayer público su posicionamiento sobre la cuestión apuntando, entre otras cuestiones, a la persistencia de la Conselleria en no proporcionarles los elementos de protección necesarios para hacer frente al fuego.

Sobre esta negativa fue especialmente polémica una publicación realizada el pasado 27 de julio por el subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Alfons Puncel, que adjuntó una fotografía con autoridades en el Puesto de Mando Avanzado de un incendio para escribir: «Cuando yo vea al secretario autonómico y al director general vestidos con la EPI antiincendios en el puesto de mando entonces entenderé que la conselleria competente en emergencias (que es la conselleria de Justicia no la conselleria de Medio Ambiente) les compre y les obligue a llevar EPIS antiincendios a los agentes medioambientales porque no deben ir a la extinción directa de incendios».

Agentes medioambientales contribuyendo, junto a profesionales de otras comunidades, en las tareas de extinción del fuego en Bejís.

De inmediato, los sindicatos le contestaron recordándole que «durante los últimos 25 años hemos participado en las extinciones», de hecho, remarcaron que en el Plan de Extinción de Incendios Forestales de la Comunitat (PEIF) aparecen incluso «como jefes de equipo y de sector».

Conselleria insiste en que sus labores son logísticas y no intervienen activamente aunque, como le rebaten desde CGT, en incendios como el de Bejís se ha demostrado todo lo contrario.

Denuncias ante Inspección de Trabajo

Recuerdan que en el 2021 se presentaron hasta dos denuncias ante la Inspección de Trabajo de Valencia, que les dio la razón, «pero la Conselleria se negó a cumplir su requerimiento». Ahora han denunciado la misma situación ante la Inspección de Trabajo de Castellón, y también lo harán en Alicante.

Esta falta de medios --que según vienen advirtiendo desde hace tiempo va más allá de los EPI contra incendios-- contrasta, según explican, con «los 25 millones que la Conselleria ha destinado en las dos últimas campañas para externalizar el servicio de prevención de incendios con Vaersa». Señalan que es personal no funcionario, «precarizado y temporal», en lo que consideran un «allanamiento del camino para una futura privatización del servicio».

Otras autonomías, los tienen

Los representantes sindicales y asociaciones profesionales que representan a los agentes medioambientales de la Comunitat remarcan que sus compañeros de otras autonomías que acudieron a dar apoyo en el incendio de Bejís sí que tenían los EPI necesarios que a ellos les niegan por la misma función. Y dicen que la última vez que aquí se compraron fue en 2017 y «ya están caducados». 

EL PP EXIGE A LA CONSELLERIA QUE DIMITA

Para el Partido Popular, durante los incendios de la Comunitat, la consellera de Agricultura ha evidenciado una «dejadez de funciones» por la que, si no dimite, piden al president Ximo Puig que la destituya.

La diputada popular Elisa Díaz, acusó a Mireia Mollà de «estar desaparecida» durante los «grandes fuegos de la semana pasada» lo que, a su parecer, «la incapacita para iniciar el curso político como conselleria de Agricultura y Medio Ambiente». Sobre su gestión al frente de su departamento, afirmó que «siempre ha sido una consellera ausente que ha hecho oídos sordos a las peticiones de alcaldes, del sector forestal y de agentes medioambientales que requerían la limpieza de los montes».

 Además, desde el PP critican que la Generalitat le deba «más de 20 millones a los consorcios de bomberos» y que la Conselleria de Agricultura no respalde a los agentes medioambientales que han colaborado en la extinción y que dependen de ese departamento.