La compañía Azuliber, dedicada a la producción de arcilla atomizada para el sector azulejero, anunció el martes que no aguantaba más la incertidumbre regulatoria que rodea a las plantas de cogeneración. Desde que se aprobó el denominado tope del gas para la electricidad, las retribuciones que perciben estas plantas son muy inferiores a unos precios del gas que en los últimos días han sobrepasado los 300 euros, por lo que funcionan a pérdidas. La consecuencia ha sido el cese de su actividad y un ERTE para 117 empleados.
Esta empresa perteneciente al grupo Pamesa es la primera que, con nombre y apellidos, expone de forma pública su situación, aunque se prevé que haya otras que sigan por caminos parecidos. Las fuentes consultadas coinciden en señalar la pasividad del Gobierno ante el sector ante el incremento del precio del gas, con unas medidas escasas para la carga energética de la industria gasintensiva, lo que se ha visto rematado con la discriminación que sienten los cogeneradores al tener unas retribuciones muy inferiores a las que reciben métodos más contaminantes, como la quema de carbón o las centrales de ciclo combinado. Algo que ocurre en España, pero no en Portugal, que también se beneficia de la excepción ibérica, y que trata a la cogeneración en igualdad de condiciones.
Hace meses que se advierte de la situación. La patronal cerámica (Ascer), alcaldes de municipios que concentran a esta industria, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; y el propio presidente de Pamesa, Fernando Roig, han remitido cartas al Ministerio de Transición Ecológica --responsable de la política energética-- para exigir una solución rápida y efectiva a este problema. Sin obtener respuesta hasta el momento.
El director general de la Asociación Española de la Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, valora el caso de Azuliber como «la crónica de un ERTE anunciado», y reclama que desde el Ejecutivo «se tomen medidas que ayuden a mejorar la competitividad, porque de lo contrario será un terreno abonado a la paralización de las empresas y la deslocalización». Los datos de Acogen son claros. Castellón concentra más de la mitad de la potencia de cogeneración de la Comunitat. En julio, la producción de electricidad ha descendido casi a la mitad, con el 44% respecto al mismo mes del 2021.
Rodríguez considera que el Gobierno «debe reconsiderar sus medidas para evitar el colapso industrial, como piden no solo Puig sino los presidentes de Aragón, Galicia, Castilla-León o Andalucía»
Ascer
Por parte de Ascer señalan que, pese a no ser Azuliber un fabricante de baldosas, «la situación es muy preocupante, no solo en la cogeneración como venimos denunciando, sino en el conjunto de la industria puesto que no vemos atisbo de contención en el precio del gas, ni nuevas medidas que apoyen a la industria».
Una idea en la que incide la presidenta de GasIndustrial, Verónica Rivière, que recuerda que los gasintensivos «llevamos un año reclamando actuaciones; la más importante ha sido la de 400.000 euros a cada empresa, pero que es muy poco en comparación con sus gastos en gas». Por eso pide «desplegar todos las herramientas que permite la Unión Europea, que contemplan hasta dos millones por empresa, 25 si está en pérdidas, e incluso 50 si está en determinados sectores». Rivière reconoce que el principal problema es el precio marcado por el indicador de referencia en Europa, el TTF holandés. «Debería actuar la Unión Europea, pero a la vez hay una serie de medidas locales que se pueden aplicar», comenta.
Cronología
La encrucijada de la cogeneración comenzó al mismo tiempo que el mecanismo del tope del gas. El 16 de junio se celebró la presentación de resultados del grupo Pamesa. Su presidente, Fernando Roig, ya advirtió de los efectos adversos que causaría en sus plantas de cogeneración. Tanto es así que el 1 de julio anunció que detenía esta actividad, y denunciaba que la regulación estatal suponía primar métodos de generación eléctrica menos eficientes y más contaminantes, además de perjudicar a sectores como el cerámico. Mientras, desde Acogen dieron a conocer que desde el 15 de junio «dos de cada tres plantas de cogeneración en España han parado, un hecho sin precedentes». Fuentes del sector señalan que en el caso de la cerámica la interrupción es menor, pero que de no haber soluciones irá a más. «Esto no solo afectará a la generación eléctrica, sino a una parada total de la producción», advierte.
«La política de la UE para la energía es desastrosa»
Los empresarios no tienen motivos para el optimismo, tanto por la parálisis en España como las medidas de Europa. El nuevo presidente de la patronal de esmaltes y fritas (Anffecc), Fernando Fabra, ya señaló que la industria no puede mantenerse mucho tiempo con un gas que ya ha alcanzado los 300 euros. Otras voces apuntan a que la situación «ya era preocupante cuando el gas estaba a 90 euros, y ninguna administración ha sido capaz de transmitir a la Unión Europea este hecho». Institución a la que acusa de tener una política energética «desastrosa, impulsada por Alemania a los brazos de Rusia». Advierte de que el panorama «es muy negro, tanto en España como en Italia y Polonia y se acabarán beneficiando aquellos productores que no tienen las normas tan estrictas como tenemos en Europa, que genera solo el 8% de emisiones de CO2 del planeta».
