A las puertas de un otoño que augura gotas frías y posibles inundaciones, Atzeneta del Maestrat, Alcalà de Xivert, Almassora, Benicarló, Benicàssim, Benlloc, Burriana, Castelló, Caudiel, Moncofa, Nules y les Alqueries son los únicos municipios de la provincia de Castellón que tienen aprobado y homologado un plan municipal de inundaciones (PAM), según la última actualización de las tablas de planificación municipal de emergencias de la Generalitat valenciana. Por contra, Orpesa lo tiene aprobado y con la homologación en revisión, y hasta 19 municipios de la provincia que están obligados a poseer este documento -que dependiendo de las variables es opcional-- carecen de él.
En concreto, Alfondeguilla, Almedíjar, Almenara, Borriol, Cabanes, Catí, Eslida, Fanzara, Montanejos, Navajas, Onda, Peñíscola, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Torreblanca, la Vall d’Uixó, Vila-real, Vinaròs y Viver son los municipios en esta situación, según los datos más recientes del ente autonómico, con fecha del mes de julio y que se actualizarán próximamente.
La prevención
Las lluvias que asomaron durante la jornada de ayer en la provincia (se encontraba en alerta amarilla), y las que se esperan en las próximas semanas pondrán a prueba los trabajos de prevención que se han realizado durante todo el verano.
Castelló, precisamente, es uno de los municipios con el PAM homologado (es así desde el pasado mes de abril). El Ayuntamiento presentó recientemente el protocolo municipal de actuaciones ante las lluvias 2022-2023. Como novedad, destaca el estreno del servicio de conservación y mantenimiento de los sistemas de bombeo que integran un protocolo que incrementa su presupuesto un 40% respecto al anterior, situándose en 2,5 millones de euros en un periodo de cuatro años. Asimismo, prevé ejecutar 4 millones en medidas de mejora en la red de saneamiento y reforzar las de anticontaminación gracias a la instalación de tres tamices.
También la concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló reforzó hace unos días la limpieza de las acequias del término municipal para potenciar la evacuación del agua ante el periodo de lluvias. Un trabajo que es complementario, explican, a la actuación que durante el año lleva a cabo la Brigada Rural Municipal en caminos y canales.
En Vila-real, por su parte, también han realizado mejoras para minimizar los riesgos ante una posible gota fría, a través de tareas en zonas problemáticas y la correcta aplicación de un protocolo ante el riesgo de inundaciones. Han limpiado barrancos y otras zonas especialmente inundables, y han realizado trabajos en los puntos tradicionalmente conflictivos de la red de abastecimiento, como es la calle Pere III.
La Estrategia
De hecho, estos trabajos han sido la tónica en las últimas semanas en los principales municipios de la provincia, que abogan por adelantarse a posibles inundaciones. La siega de maleza de barrancos y ramblas, la limpieza de acequias y caminos rurales, la adecuación de las rejillas de las alcantarillas y, en el caso de las localidades costeras, la puesta a punto de las salidas de agua hacia el mar, son algunas de las tareas recurrentes desde Vinaròs a la Llosa, pasando por Onda, Burriana, Benicàssim, Orpesa o Peñíscola, entre otros.
Donde no llegan los ayuntamientos, además, debería llegar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como así reclamó días atrás la oposición. De hecho, el PP solicitó, a través de su vicesecretario de Desarrollo Sostenible, Vicente Tejedo, al PSOE que exija a la CHJ que actúe en los barrancos y cauces de la provincia para evitar riesgos de desbordamiento con la llegada de un hipotético episodio de gota fría.
«La Confederación Hidrográfica del Júcar debe atender la llamada de auxilio de unos alcaldes que ven en sus barrancos un potencial riesgo para sus vecinos. Debe asumir sus competencias y limpiar, desbrozar y adecuar los cauces», dijo Tejedo. Enfrente, la CHJ dio su versión, asegurando que realiza una «inversión histórica» en conservación, mantenimiento y restauración de los cauces de la demarcación, y detallando que la inversión efectuada supone una media de cinco millones de euros anuales en los últimos años.
