Las reacciones a la propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de fijar un precio máximo en los alimentos y productos básicos de la cesta de la compra se continúan sucediendo. Ahora son los agricultores y el pequeño comercio de Castellón los que muestran sus dudas y temen que su posible implantación pueda derivar en nuevas pérdidas económicas en sus negocios.
Las asociaciones de agricultores independientes de Vila-real y Nules calificaron la medida de la ministra de «ilegal» y «populista» y defendieron que de implantarse «perjudicará a agricultores, ganaderos y pescadores, porque las grandes superficies para seguir teniendo sus márgenes de beneficios saldrán a comprar más barato».
Por ello, dichas entidades agrícolas invitaron al ejecutivo central a adoptar medidas alternativas como bajar el IVA a los productos básicos o aprobar ayudas a las familias más desfavorecidas.
Cumplir la Ley de Cadena Alimentaria
Mientras, desde Ava-Asaja pidieron «sencillamente que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria, de manera que se prohíba de verdad la venta a pérdidas». De hecho, aprovecharon el debate para animar al Gobierno a «investigar qué está pasando en la cadena alimentaria, por qué unos ganan mucho dinero, mientras que los productores recibimos los mismos precios que hace 40 años y los consumidores cada vez pagan más caros los alimentos».
El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, mostró su escasa confianza en que el tope llegue a materializarse y recordó que «los productores ya están vendiendo por debajo de lo que les cuesta, por lo que un tope repercutiría aún más en reducir el precio por debajo de la cadena». Un rechazo al que también se suma la agrupación del pequeño comercio Confecomerç Castellón. Su secretaria general, Tere Esteve, mostró su disconformidad con esta medida: «Al final es coartar el libre mercado», apuntó, sumándose a la postura de la organización autonómica, que cree que «generará un efecto llamada a las grandes cadenas en detrimento del pequeño comercio, que está realizando un gran esfuerzo».
La patronal de la gran distribución, Anged, al final el principal agente involucrado en la regulación, aseguró estar haciendo esfuerzos «ingentes» por la contención de precios en un contexto marcado por el incremento de la energía, al tiempo que afirmó no ver «útil» la cesta de la compra básica planteada por Yolanda Díaz.
Valor nutricional
División de posturas también entre los propios compradores. El secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, tampoco es partidario al control de los precios, aunque sí de que «la administración, en colaboración con las cadenas de distribución, los supermercados y las tiendas, ofrezcan alternativas a los productos más caros, pero teniendo en cuenta el valor nutricional». Una idea que busca evitar el principal problema que puede derivarse de la situación actual: «El deterioro de la dieta de los ciudadanos, que compren productos más baratos, pero con más grasas e hidratos malos», concretó.
«Soy partidario de que se ofrezca más información al consumidor, lo que ya se hace en las tiendas de proximidad. Creo que podría beneficiar a todas las partes», concluyó Juan Carlos Insa.
