El número de desahucios por cualquier causa ha descendido en el primer trimestre de este año en Castellón cerca de un 20%, al limitarse su número en ese periodo a 176, frente a los 215 del mismo periodo del ejercicio precedente, según los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como informó Mediterráneo. Se trata, además, de una tendencia inversa a la experimentada en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que sufrió precisamente un alza de en torno al 20% y de España, con un promedio de aumento que es similar al valenciano.
Sin embargo, en la provincia continúan produciéndose 59 desalojos cada mes, de los que más del 62%, más de seis de cada diez, se corresponden con lanzamientos motivados por no pagar el alquiler. Es un ritmo que consolida lo que ya se inició hace años --en 2017 eran cuatro de cada diez-- y que se agudizó en 2021, con el 62% y que parece consolidarse en este ejercicio, a tenor de los números de los primeros tres meses, siempre de acuerdo con las estadísticas oficiales del CGPJ.
Esta situación se produce, a pesar de que en el último año el Gobierno de España aprobó dos real decreto-ley diferentes con el objetivo de frenar el ritmo de desahucios, entre otros aspectos. En ambas normativas se establecieron medidas urgentes de protección social para solventar situaciones de vulnerabilidad social y económica surgidas a raíz de la pandemia de la covid-19.
Ocurre, además, cuando, del otro lado del contexto, se incrementan las okupaciones de viviendas en Castellón y crece la preocupación de los propietarios que temen ver casas que les pertenecen invadidas por personas ajenas que, a menudo, son responsables de deteriorar pisos y unifamiliares, lo que genera un ambiente de desprotección en dos direcciones. En este contexto, hace escasos días que desde el Ayuntamiento de la capital se ha informado del balance relacionado con los desalojos hasta septiembre en el ámbito territorial de la ciudad.
El caso de Castelló
La Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló aseguró que ha frenado en los primeros siete meses de este año 180 desahucios y ha realizado 250 consultas en ayudas al alquiler. Asimismo, indicó que ha ofrecido este tiempo alternativas habitacionales a una quincena de familias con problemas económicos.
Según la valoración municipal, la inclusión de la Oficina en la Xarxa Xaloc de la Generalitat valenciana ha reforzado los recursos técnicos y económicos del Ayuntamiento para trabajar en garantizar el acceso a la vivienda.
La concejala de Vivienda, María Jesus Garrido, indicó que la incorporación a la mencionada red ha hecho posible doblar el personal para potenciar las actuaciones en emergencia habitacional y promover la rehabilitación de los inmuebles más antiguos. Castelló se adhirió en 2021 y recientemente aprobó su renovación.
Así, en la primera mitad del ejercicio se han aplazado 20 desahucios al mes en la ciudad. El Protocolo Municipal Antidesahucios establece una suspensión de uno a tres meses en casos de particulares y «la mayoría corresponde a impagos a alquileres de viviendas propiedad de entidades financieras en la mayoría de los casos», explicó la concejala.
