La Diputación de Castellón captará fondos del Gobierno central para acometer la digitalización del ciclo urbano del agua. Así lo explicó ayer el presidente provincial, José Martí, quien adelantó que los servicios técnicos de la corporación trabajan en un proyecto común que permita que los 127 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes puedan acogerse a las ayudas del ejecutivo estatal para este fin.
El objetivo de la corporación provincial pasa por sacar el máximo provecho de una línea de subvenciones centrada en mejorar la captación, potabilización, distribución, telelectura, saneamiento, depuración y devolución al dominio público hidráulico a través de los procesos de depuración asociados, incluyendo la gestión de episodios de lluvia y los desbordamientos de los sistemas de saneamiento. Lo puso de manifiesto Martí en su intervención en la sexta edición de la Feria de la Digitalización y la Descarbonización del Agua (Efiaqua) que se celebra en Feria Valencia.
La Diputación concurrirá a esta convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de mejorar y potenciar su plataforma Smart Villages, que ya se encuentra operativa, universalizando la digitalización para que todos las localidades castellonenses dispongan de la tecnología que les permita detectar de forma temprana pérdidas de agua en la red, la correcta dosificación del cloro en el agua, el control de los volúmenes extraídos y el control de la calidad de los volúmenes de agua extraídos en las captaciones.
Reducir costes
Martí señaló que la digitalización de estos servicios públicos «resulta fundamental para ser más eficientes en la gestión y para que ésta sea más sostenible» y defendió que «de lo que se trata es de ganar en eficacia reduciendo los costes todo cuando sea posible, como ya hemos empezado a hacer en los pueblos adheridos a Smart Villages en los que, por ejemplo, se ha digitalizado el sistema de iluminación, con la colocación de sensores que se activan cuando detectan el paso o la presencia de personas».
Este proyecto contempla una inversión global que alcanza los 8,6 millones de euros, tal y como avanzó en su día este diario, y requiere la implicación de diferentes administraciones para sufragar dicho coste.
