El camino para conseguir que la Comisión Europea (CE) de marcha atrás en su propuesta de prohibir el uso de todos los productos fitosanitarios en más del 80% del territorio agrario de Castellón y en prácticamente todas las fincas de cítricos será largo y complejo, pero la Conselleria y el Ministerio de Agricultura están dispuestos a dar la batalla. Las dos administraciones coinciden en que el reglamento que propone Bruselas, y que implicaría que los agricultores lucharan contra las plagas solo con tratamientos biológicos, no puede aprobarse y confían en introducir cambios para que se tenga en cuenta la realidad de cada país.
Pese a que la prohibición de los pesticidas que planea Bruselas preocupa, y no poco, al área que preside Mireia Mollà, desde la Conselleria aseguran que existe coordinación entre todos los departamentos autonómicos y el Ministerio para que la propuesta se modifique. «La unanimidad es total. Los puntos del nuevo reglamento europeo se han tratado ya en dos reuniones que ha mantenido el ministro con los representantes de las comunidades autónomas y no ha habido fisuras. Todos coincidimos en la necesidad de modificar una normativa que tendría un importante impacto en la Comunitat», explican desde la Conselleria de Agricultura.
Las posiciones están claras, pero tanto la administración como las organizaciones agrarias dan por sentado que llegan meses duros. Y estiman que la nueva normativa sobre pesticidas será debatida a lo largo del 2023, presumiblemente en el segundo semestre, cuando España ejercerá la presidencia de turno del Consejo de la UE.
A favor de los agricultores de Castellón juega la posición de buena parte de los países de la UE, que ya han expresado sus reservas respecto a la propuesta comunitaria y han reclamado que los agricultores tengan alternativas suficientes a los plaguicidas químicos.
La sostenibilidad, imparable
El Gobierno español y la Conselleria confían en que Europa recule, pero enfrente tienen a la comisaria europea de Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakid, quien ya ha avisado que la propuesta responde a las preocupaciones de la ciudadanía y, además, ha insistido en que la guerra en Ucrania « no puede interrumpir el camino hacia la sostenibilidad». También defienden el reglamento las asociaciones y grupos ecologistas.
Al sector le espera una dura negociación y en Castellón tanto las organizaciones agrarias como el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal que agrupa a los exportadores y que también explotan miles de hectáreas de naranjas, avisan que la medida supondrá un abandono de campos y un descontrol de las plagas.
