Colectivos de personas con discapacidad de la provincia de Castellón han mostrado su preocupación por las consecuencias que pueda tener la reforma del sistema de incentivos al empleo que está elaborando el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Centros especiales de empleo
Los más afectados serían los centros especiales de empleo, al eliminar la bonificación del 100% para la contratación y equiparar las bonificaciones del empleo protegido al ordinario. En la provincia de Castellón existen ocho --cuatro de iniciativa social y cuatro empresarial-- en los que trabajan 296 personas, de las cuales 255 son trabajadores con discapacidad y 41 sin, según informó el presidente del CERMI, Luis Añó, que el viernes se reunieron con responsables de la Conselleria de Economía para trasladar su «gran preocupación» por este anteproyecto de ley y reivindicando que se mantenga el sistema de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en la contratación de personas con discapacidad actualmente vigente». Ayer confiaba en que el Ministerio dará marcha atrás en esta pretensión en breve.
En esta línea, el presidente de Afanias, Héctor Redó, señaló que «con estas medidas se destroza la continuidad que hay con la colocación de las personas con discapacidad en las empresas». Estos centros además de contratar personas con discapacidad tienen unas ventajas respecto a las otras porque sus salarios son subvencionados por la administración y no pagan Seguridad Social, pero adaptan los puestos a la discapacidad y detrás de esto hay un esfuerzo importante, si desaparece va en contra de las normas internacionales de proporcionar una vida digna a estas personas, considerándolas fundamentales.
Bonificaciones
El proyecto también contempla una revisión a la baja del sistema de bonificaciones e incentivos a las empresas ordinarias. En este ámbito, el más crítico fue el presidente de Cocemfe Castelló, Ramón Meseguer, quien teme que si desaparecen las bonificaciones a las empresas esto desincentivaría la contratación y por tanto las personas con discapacidad tendrían más difícil para acceder a un empleo. «Actualmente hay varias subvenciones que reciben las empresas por la contratación de personas con discapacidad. Las empresas tienen obligación de contratar a un 2% de trabajadores con discapacidad pero solo aquellas que superan los 50 trabajadores. Si las empresas contrataran igualmente a personas con o sin discapacidad no habría ningún problema pero no contratarán sin esta subvención y esto nos va a perjudicar», manifestó. En la misma línea se manifestaron desde Frater Castellón.
Cinco mil personas afectadas
Según el último informe anual del Servicio Estatal de Empleo, hay 1.854 demandantes empleo con discapacidad en Castellón, de los cuales 1.154 no tienen más que estudios primarios. 1.121 presentan condicionantes físicos y 515 psíquicos, el resto, otro tipo de diversidad. Al mismo tiempo hay 3.365 afiliados a la seguridad social. Por tanto, sumando ambos colectivos la cifra supera las 5.000 personas.
