La Diputación de Castellón ha sacado adelante en el pleno ordinario del mes de noviembre, celebrado este martes en el Palau de les Aules, el nuevo contrato marco de suministro de energía eléctrica a las localidades de la provincia, al cual se han acogido 120 poblaciones y asciende a un valor de 41 millones de euros, con el objetivo principal de minimizar el impacto del sobrecoste en las facturas que afecta sobre todo a los municipios menos poblados.
La corporación ha aprobado las nuevas condiciones de suministro con el visto bueno del equipo de gobierno, de PSPV y Compromís, y la abstención de los grupos políticos de la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos. Lo ha hecho en un pleno con un marcado carácter de trámite y prácticamente sin bronca política como en las anteriores sesiones, pues tampoco ha habido tiempo para ello al resolverse en apenas 58 minutos.
El 'ok' al punto en el pleno permitirá activar la licitación de la prestación por parte de la Central de Compras de la Diputación, pues el actual contrato expira el 31 de diciembre, sin que exista posibilidad de prórroga. La elevada cantidad de municipios adheridos facilitará que se consigan los mejores precios posibles en el mercado, en una coyuntura como la actual marcada por la volatilidad y la fluctuación de los precios de la luz, según aseguran desde la institución provincial. El nuevo contrato tendrá vigencia durante un año, existiendo la posibilidad de realizar una prórroga adicional de un año. El criterio de adjudicación consistirá en la relación calidad-precio que resulte más ventajosa para los intereses provinciales.
Aumento del 60%
Por otro lado, con el mismo esquema de votos se ha aprobado la adjudicación a la empresa Becsa por 8 millones de euros al año del nuevo contrato para la gestión integral, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras de la institución provincial por un periodo de dos años prorrogables anualmente por un máximo de otros tres.
El diputado de Carreteras, Santi Pérez, ha destacado que la cuantía conlleva un aumento de más del 60% respecto al contrato que entró en vigor en el 2019 y ha añadido que "responde a la sensibilidad mostrada por el presidente Martí para dar respuesta a la gran demanda de actuaciones de mejora de carreteras formuladas por alcaldesas y alcaldes que nos encontramos a mediados de 2019 cuando accedimos al gobierno de la Diputación".
Según el presidente José Martí, se trata de "un esfuerzo sin precedentes de la Diputación de Castellón a favor del interior provincial, invirtiendo una cantidad histórica para garantizar la seguridad vial e incrementar las posibilidades de generación de actividad y crecimiento económico en el ámbito rural".
