"Poner coto" a los apartamentos turísticos ilegales constituye una de las principales metas a alcanzar en la provincia de Castellón. En ello han coincidido este martes representantes de la patronal, de empresas de gestión de viviendas vacacionales, de municipios y de la Diputación en una jornada organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) en el CdT de la capital de la Plana.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Luis Martí, resume que Castellón "está en un momento en el que tiene capacidad de crecer y tenemos que saber muy bien hacia donde nos dirigimos, por lo que aún estamos a timpo de poner coto y configurar el desarrollo turístico del futuro".
El impacto
Y es que, dejando claro que no mantiene preferencia por ninguna opción de alojamiento, pone sobre la mesa el impacto que genera la oferta ilegal: competencia desleal, inflación de plazas, bajada de precios, encarecimiento de la vivienda residencial, perturbación de las relaciones con vecinos, escaso empleo generado, pocos impuestos abonados y puesta en peligro de los derechos de los consumidores.
Luis Martí también hace referencia a un reciente estudio que evidencia que una vivienda turística genera un impacto de alrededor de 1.000 euros, mientras que en una plaza reglada se eleva a los 3.000. Ocurre lo mismo con los impuestos: 1.000 euros en un inmueble pirata y 8.000 anuales en uno legal.
Todo ello deriva en la necesidad de actuar que respaldan los datos a los que ha tenido acceso Mediterráneo, los cuales señalan que el registro de viviendas de uso turístico de la Generalitat apenas ha crecido un 5,3% en cinco años o, en cifras absolutas, ha sumado a fin de cuentas 738 inmuebles en la provincia que cuelgan el distintivo rojo en su puerta en dicho periodo, en el que la pandemia sirvió en cierto momento de impulso incluso para esta actividad. Por localidades, los inmuebles se concentran en municipios del litoral como Orpesa, Peñíscola, Alcalà de Xivert o Benicàssim, en este orden, pues las localidades con playa acaparan el 93% frente al 7% del interior.
Profesionalización
También reúne una oferta importante Moncofa, cuyo alcalde, Wences Alós, comenta que esta opción de alojamiento facilita el crecimiento como destino turístico, aunque puede derivar en un problema en un momento dado. Mientras, la diputada provincial de Turismo y alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, aboga por la legalización y por la profesionalización del sector de las viviendas turísticas: "El problema que tenemos es el intrusismo, porque al final puedo alojar a cualquiera en una casa que tenga, pero el mayor perjudicado al final es el destino turístico y su imagen", apunta.
Para ello la regulación resulta fundamental, como incide el CEO de la empresa gestora Casa Azahar, Daniel Rambla, "es importante que para que las compañías puedan seguir trabajando se establezca una normativa europea que permita identificar las viviendas legales y cuáles no lo son". Un sentido en el que también se pronuncia del CEO de Altubel, Juan Antonio Beltrán, al defender que "sería importante que se potenciaran las empresas gestoras, porque los particulares, por falta de medios o responsabilidad, derivan en la oferta ilegal muchas veces", aunque insta a evitar la competencia, poniendo como ejemplo que un particular "está exento de abonar el IVA".
Desde la administración, Marina Montañés, del Servicio Territorial de Turismo de Castellón, lamenta que "las plataformas del marco turistico como Airbnb o Booking no están reguladas por la normativa sectorial y no les podemos exigir nada, más allá de lo que colabore cada una".
