Zonas de bajas emisiones en Castellón: así va la implantación en Castelló y Vila-real

Ambas ciudades deben activar un espacio restringido antes de finales del 2023

Las ZBE deben estar activas durante el próximo año

Las ZBE deben estar activas durante el próximo año / GABRIEL UTIEL BLANCO

I. Checa / D. Donaire

La Ley del Cambio Climático y Transición Energética obliga a implantar antes de finales del 2023 zonas de bajas emisiones (ZBE) en ciudades con más de 50.000 habitantes, en base a lo fijado por una normativa europea para combatir la situación de emergencia climática. En el territorio provincial son Castelló y Vila-real las localidades que forman parte de las 149 que deberán activar una zona restringida a los vehículos más contaminantes a lo largo de toda España. Y el proceso en cada una de ellas va a un ritmo distinto.

Castelló avanza en la adaptación del centro de la ciudad para cumplir los plazos de Europa

Castelló avanza con tal de acometer la remodelación del centro de la ciudad que se verá incluido dentro de la futura zona de bajas emisiones y cumplir los plazos marcados por la Unión Europea, que cofinancia los trabajos a llevar a cabo.

El último paso que se ha materializado con este fin consiste en la externalización de la dirección de obra por su complejidad para que no la asuman técnicos municipales con un presupuesto base de licitación de 140.890 euros más IVA.

La superficie acotada en el caso de la capital de la Plana estará delimitada por las calles Cerdán de Tallada (al norte), San Roque, Sanahuja, Gobernador, Guitarrista Tárrega y avenida Casalduch (al este), Orfebres Santa Línea y Lepanto (al sur) y Rondas Mijares y Magdalena (al oeste). En su conjunto se limitará el tráfico en un espacio de 745.000 metros cuadrados. 

Futura zona de bajas emisiones de Castelló

Futura zona de bajas emisiones de Castelló / MEDITERRÁNEO

La reforma que ejecutará el Ayuntamiento consiste en la implatación de la plataforma única --espacio para peatones y vehículos al mismo nivel-- en diversos viales, así como la reordenación del aparcamiento o peatonalizaciones y semipeatonalizaciones.

Todo con el fin último de reducir las emisiones nocivas hasta en un 40% y la contaminación acústica, incrementar el espacio para el peatón, fomentar el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal, reducir el tráfico rodado, incrementar el espacio verde, reaprovechar el agua o mejorar la calidad lumínica.  

Inversión

El importe aproximado de las obras asciende a 10,5 millones de euros, de los que 7,8 millones corresponden a los fondos europeos captados de la estrategia Next Generation. 

«La ZBE supondrá un antes y un después en la forma que tenemos de relacionarnos y entender nuestra ciudad, evolucionando hacia un Castelló mucho más amable y sostenible, que priorice medios no contaminantes y genere espacios peatonales», explicó en su día el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Jorge Ribes, quien añadió que «regular la ZBE no solo aporta seguridad y garantía de que se ejecutará, sino que también demuestra el compromiso del actual equipo de gobierno por desarrollar zonas peatonales y sostenibles en Castelló».

Dentro del proceso de implantación de la zona de bajas emisiones, el consistorio de la capital de la Plana ha mantenido diversos encuentros con comerciantes cuyos establecimientos se encuentran ubicados en el centro de la ciudad que se verá afectado, además de con otros sectores como el del taxi.

Y es que, el detalle de la regulación que se aplique a la ZBE queda regulado en la normativa de movilidad sostenible, cuyo texto pasará próximamente a ser definitivo tras haber analizado e incorporado o desestimado las distintas alegaciones aportadas.

En la misma se establecerá el detalle de las excepciones de prohibición de acceso, como pueden ser los vehículos profesionales, de emergencias o calificados como históricos, además del horario en el que se podrá acceder para realizar labores de reparto, el cual podría varias según el distintivo ambiental que posean los vehículos de las empresas de logística.

Vila-real trabaja en la implantación con el calendario y la delimitación pendientes

Con algo más de 51.000 habitantes, Vila-real es la segunda ciudad de la provincia por tamaño que deberá poner en marcha una zona de bajas emisiones en la zona centro, donde ya se encuentra peatonalizada una parte importante de los viales.

El concejal de Territorio, Patrimonio y Movilidad Urbana, Emilio Obiol, se limita a señalar a preguntas de este diario que «estamos trabajando» en el proyecto, con las asignaturas pendientes sobre la mesa de concretar el calendario para la implantación del requisito que impone la Unión Europea y cuyo cumplimiento será obligatorio para el acceso a subvenciones, así como la definición de la extensión que tendrá el futuro espacio de acceso restringido.

Por ahora, tal y como recogió este diario, el consistorio vila-realense sí que planteó solicitar fondos europeos para acometer el proyecto y ha contratado la asistencia técnica especializada del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Intras), dependiente de la Universitat de València (UV).

Obiol ya manifestó entonces que el Ayuntamiento «no hace esto porque quiere, sino porque tiene la obligación legal» y que la ZBE tendrá un alcance ajustados a las propias características de la población: «Somos una ciudad intermedia, la 15ª de la Comunitat y la 147ª de España, por lo que el Ayuntamiento no pierde de vista la proporción. Somos la ciudad que somos, así que no vamos a crear un anillo central grandísimo, ni mucho menos, que cree problemas a los vecinos», matizó en su momento el concejal.

Por fases

El edil en su día también confirmó que la ejecución del proyecto se llevará a cabo de una forma pausada, iniciando acciones antes de que finalice el plazo fijado en diciembre del 2023, pero acompetiendo la implantación en distintas fases y teniendo en cuenta las aportaciones que realicen tanto los vecinos como los comerciantes de la zona, aún sin detallar, que se vería afectada. 

Paralelamente, Vila-real progresa en la implantación de su modelo de ciudad sostenible con nuevos compromisos para fomentar los desplazamientos a pie y en vehículos no contaminantes, entre otras metas frente al cambio climático. 

Este camino está guiado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento que consolida y amplía medidas como la implantación del bus urbano gratuito, Groguet; la creación de una red de carriles bici para conectar la ciudad con los focos de actividad económica, deportiva y social; la señalización de itinerarios peatonales; la semipeatonalización de viales, especialmente en la zona centro; la modernización del servicio de alquiler gratuito de bicicletas, el nuevo Vilabici; la instalación de puntos de recarga y aparcamiento de patinetes eléctricos; o la futura creación de una zona de bajas emisiones, entre otras acciones.

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