UNIVERSIDAD
Profesores de la Universidad de Castellón piden no politizar claustros
Apoyan un manifiesto de una plataforma por la neutralidad universitaria
Diversos profesores de la Universitat Jaume I han suscrito la carta impulsada la plataforma Universitaris per la Convivència en la que piden no politizar los claustros de las universidades. Esta misiva va dirigida a senadores y diputados de las Cortes Generales en la que se alerta sobre la incorporación al texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pendiente de debate en el Senado, de una enmienda, promovida por ERC y Bildu, orientada a favorecer los pronunciamientos partidistas de los claustros.
Una misiva
Los 1.046 profesores de toda España que hasta el momento han suscrito la carta reclaman que se suprima y que se incorpore al texto una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas, según señalan.
Profesores que la han suscrito
En la UJI la han rubricado docentes que han ocupado tareas de responsabilidad, como la catedrática de Derecho Mercantil María Victoria Petit, que ha sido secretaria general de la UJI; o la catedrática de Derecho Penal María Luisa Cuerda, exsíndica de Greuges de la universidad de Castelló.
El documento también está rubricado, según la Plataforma, por los docentes de la UJI Mariano Javier Aznar (catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales); Carmen Boldó Roda (catedrática de Derecho Mercantil), Iciar Cordero (profesora de Derecho Civil), Amparo Garrigues (docente de Derecho del Trabajo Seguridad Social), Juan José Periago (profesor doctor en Derecho Penal) y Álvaro Sendra Albiñana ( docente asociado Derecho Privado). Por el momento ni la rectora de la UJI, Eva Alcón, ni el propio claustro de la Universidad han aclarado si van a firmar para dar su apoyo a la iniciativa.
Plataforma
Universitaris per la Convivència se constituyó en el año 2018 con el objetivo de defender el principio de neutralidad institucional y los derechos fundamentales que se ejercen en el ámbito universitario, con atención especial a la libertad ideológica u de expresión, la autonomía universitaria, el derecho a la educación y a usar la lengua que cada persona elija.
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