Sanitat deriva abortos a la privada aunque solo hay un médico objetor en Castellón

La mayoría de los 802 abortos que se realizaron, en el 2021, en la provincia de Castellón se llevaron a cabo en clínicas privadas concertadas, especialmente, en una que hay en la capital de la Plana. Una tendencia que la Conselleria de Sanitat busca revertir, como informó Mediterráneo, con un cambio en el protocolo de coordinación asistencial ante la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que prevé, entre otras medidas, «convencer» a los facultativos para que realicen esta prestación reconocida por ley desde el 2010, y que, en los últimos días, vuelve a estar encima de la mesa a raíz de la polémica suscitada en Castilla y León por la intención de Vox de implantar medidas antiabortistas.

Según fuentes del departamento de Miguel Mínguez, las derivaciones se realizan, especialmente, por la objeción de conciencia de los médicos, pero los datos reflejan otro escenario muy diferente en Castellón. Así, de los 55 ginecólogos que hay en el Hospital Comarcal de Vinaròs, el General y la Plana, solo uno de ellos, que corresponde al último de los centros, se ha declarado objetor de conciencia a este respecto.

El PSOE propone enmendar la reforma de la ley del aborto para evitar coacciones a las mujeres

El 15% de ginecólogos son objetores en la Comunitat

Así lo recoge Sanitat en una respuesta parlamentaria a la diputada de Compromís en les Corts Mònica Àlvaro que data de hace aproximadamente un año. En este documento también se refleja que los verdaderos problemas para garantizar a las mujeres esta práctica en la pública se registran en la provincia de Alicante, donde, por ejemplo, los 27 ginecólogos de su Hospital General están adheridos a este derecho. De los 24 departamentos de salud, únicamente 73 facultativos se han declarado objetores del total de 457, lo que representa un 15%.

Entonces surge claramente la pregunta de por qué sí hay profesionales y recursos en la pública se derivan las interrupciones a la privada. En este sentido, Àlvaro señaló que es por «comodidad» y, por eso, la reforma de la ley, que está ahora en fase de enmiendas en el Senado, tras el visto bueno del Congreso, crea un registro sobre objetores, como sucede con la eutanasia, con el claro propósito de que la red pública asuma esta prestación de manera decidida.  

Enmiendas a la reforma de la ley del aborto

De todos modos, Compromís pide mayor claridad y ha presentado varias enmiendas a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para, entre otras cuestiones, que las mujeres sepan, desde el primer momento, si en sus centros hospitalarios el personal sanitario se declara objetor de conciencia.

El obispo de Zamora, sobre el aborto: "Nos ponemos al servicio de las embarazadas en circunstancias no deseadas"

Una excepción que se hizo norma

Y es que el hecho de que nueve de cada diez abortos se hagan en clínicas privadas en la Comunitat no cumpliría con la legislación del 2010 que estipula lo siguiente: «si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación.

Solo tres comunidades practican más abortos en la sanidad pública que en la privada

Por tanto, las derivaciones costeadas con fondos públicos deberían ser una vía excepcional y no la más común, como ocurre en estos momentos en la mayoría de comunidades autónomas.

El coste de una interrupción del embarazado varía según las semanas de gestación y si es quirúrgica o farmacológica. Así va desde los 380 euros hasta los 600.

Suscríbete para seguir leyendo