La detección de falsos autónomos desciende más de la mitad en un año en Castellón

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social afloró durante el 2022 un total de 39 falsos autónomos en la provincia de Castellón. Menos de la mitad respecto a los 98 trabajadores por cuenta propia irregulares detectados en el 2021.

Los datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso Mediterráneo muestran un importante descenso en los casos detectados el año pasado. En concreto fueron cuatro las infracciones que se contabilizaron en suelo castellonense. Las mismas conllevaron sanciones cuyo importe ascendió a los 15.800 euros. No obstante, el montante que más destaca es el de las liquidaciones por las cotizaciones impagadas a la Seguridad Social, que asciende a 29.100 euros.

La tendencia resulta la contraria a la que se da en el territorio estatal y también en el global de la Comunitat Valenciana, donde los falsos autónomos aflorados pasan de 951 en el 2021 a los 4.187 en 2022 comprendidos en 3.592 infracciones. En este caso las cotizaciones impagadas equivalen a 10,6 millones de euros y las sanciones a otros 16,8 millones de euros.

Entre los motivos que originan la situación que se da en Castellón, según fuentes consultadas por este diario, consta el resultado de las distintas inspecciones que realiza la administración central. Ahora bien, el cuerpo de inspectores, conformado por 47 personas en la provincia, secundó este miércoles una huelga por «las pésimas condiciones laborales y el declive del servicio».

Falta de personal

«La falta de personal en todos los cuerpos (generales y de inspección activa) conlleva que muchas prestaciones se cobren con atraso o que algunas actuaciones no se realicen con la rapidez necesaria atendiendo su naturaleza», denunciaron desde la plataforma convocante de los paros.

Esta misma semana también se conoció la decisión, en este caso judicial, que fallaba que la empresa de Almassora Productos Florida tenía a 860 personas trabajando como falsos autónomas. Una sentencia que llega a raíz de una inspección realizada en el 2017 y que, según los sindicatos, puede servir para sentar precedente ante otros casos similares que se den en el futuro.  

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