La Generalitat compra 176 pisos para alquilar en Castellón pero hay 2.500 familias en espera

Es la queja de muchos inquilinos. Los precios en Castellón están disparados y la vivienda que hace unos años costaba 400 euros al mes ahora no baja de los 600. El alza de la demanda, unida a la escasez de pisos para arrendar, han provocado un nuevo subidón de los alquileres y eso está complicando todavía más el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias con rentas bajas. Muchos de ellos han puesto sus ojos en los pisos públicos, pero el problema es que la demanda es muy superior que la oferta. Y eso que en los últimos años el Consell ha multiplicado la compra de viviendas.

Durante los últimos cuatro ejercicios, y según datos de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, la Generalitat ha comprado en la provincia 176 pisos para el parque público y para ello ha invertido 11,2 millones de euros. Entre esas adquisiciones destaca, por ejemplo, 46 viviendas en Castelló, 31 en Burriana (20 de ellas en el mismo inmueble) o 19 en Vila-real. En el conjunto de la Comunitat Valenciana la cifra supera los 1.200 pisos, mientras que la inversión asciende a 75 millones.

Aunque a priori los 176 pisos adquiridos por el Consell en Castellón desde el principio del 2020 pueden parecer pocos, la cifra supone un cambio radical respecto a lo que había sucedido en décadas anteriores, sobre todo si se tiene en cuenta que desde finales de los años noventa y hasta el 2018 la Generalitat no compró ni una sola vivienda pública. El cambio de tendencia se produjo en el 2020 a raíz de la aprobación por parte de la conselleria del decreto de tanteo y retracto que, en la práctica, permite ejercitar a la Generalidad los derechos de adquisición preferente tanto sobre viviendas de protección pública como las procedentes de ejecuciones hipotecarias.

El parque público de pisos ha engordado (el total de viviendas públicas gestionadas por la Generalitat en la provincia asciende a 1.182), pero la realidad demuestra que la cifra sigue siendo insuficiente. Y es que, según datos del departamento que dirige Héctor Illueca, la lista de espera para acceder a una casa en régimen de alquiler accesible es en la provincia de 2.500 familias. En la Comunitat, la demanda supera las 13.300.

2.500 familias se encuentran en estos momentos a la espera de una vivienda social porque sus ingresos no dan para pagar los 600 euros que, de media, cuesta un piso en alquiler de 90 metros cuadrados en el mercado libre, y de esa cantidad 960 viven en Castelló. Otras 326 residen en Vila-real, mientras que en el caso de municipios como Almassora o la Vall d’Uixó la demanda actual es de 242 y 233, respectivamente.

A medio y largo plazo

 La demanda supera con mucho a la oferta y la conselleria es consciente de que por mucho que hayan aumentado las adquisiciones, el problema del difícil acceso a una vivienda sigue sin estar resuelto. No obstante, desde la Generalitat insisten en el cambio de modelo y defienden que se trata de una política encarada a medio y largo plazo. A corto, desde el departamento de Vivienda se apuesta por regular los precios de los alquileres.

El Consell defiende que hay que controlar los alquileres y el Gobierno impuso en marzo del año pasado un tope del 2%, un límite que este año también estará vigente. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y en localidades como Castelló el alquiler ha cerrado el 2022 con una subida del 8,9%, según el portal Idealista. 

Suscríbete para seguir leyendo