El alza del salario mínimo beneficia a 28.000 trabajadores de Castellón y costará 42 millones a las empresas

Tras dejar atrás un año en el que la inflación ha golpeado el bolsillo de las familias, el Gobierno ha decidido subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 8% en el 2023 hasta alcanzar los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Una decisión pactada con los sindicatos y de la que se ha descolgado la patronal CEOE, que proponía limitar el incremento hasta los 1.040 euros. El aumento beneficiará a algo más de 28.000 trabajadores de Castellón, pero también tendrá un importante impacto en las empresas, que deberán asumir un coste adicional de 1.500 euros por asalariado.

En la provincia quienes perciben el SMI son 28.600 trabajadores (el 13,7% de los 212.300 asalariados) y así lo constata un reciente informe del Gabinete Económico de CCOO basado en la submuestra de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA). «Estamos hablando, fundamentalmente, de profesionales del sector de la limpieza, pero también de actividades como el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura», describen desde CCOO, que añaden que una parte importante son mujeres y asalariados menores de 30 años.

Todos estos profesionales, una vez se publique la nueva subida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pasarán a cobrar 1.080 euros brutos en 14 pagas, es decir, 15.120 euros al año si trabajan a jornada completa. Descontando las cotizaciones sociales y por desempleo, en el bolsillo de cada trabajador entrarán 1.006,6 euros netos al mes. O lo que es lo mismo: 80,5 euros más que en 2022.

El impacto en los trabajadores está claro y para las empresas supondrá un coste importante. La patronal estima que las compañías van a tener que asumir un gasto adicional de 129 euros al mes por cada trabajador que perciba el salario mínimo. «Estamos hablando de 1.500 euros al año por asalariado y eso, sin duda, podría frenar las contrataciones», apunta Luis Martí, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, quien recuerda que desde el 2019 el salario mínimo ha subido un 47%.

Menos contrataciones

Al conjunto de las empresas de la provincia el alza del 8% del SMI les va a suponer este año un coste adicional de 42 millones de euros (el aumento será con efecto retroactivo a 1 de enero) y la patronal insiste en que quienes lo van a asumir son, sobre todo, sectores económicos que ya atraviesan por una situación muy delicada a consecuencia del alza de los precios. «Habrá empresas que no van a poder contratar y ese frenazo afectará especialmente al colectivo de los jóvenes, que ya soportan una tasa de paro cercana al 30%», avisa Martí, quien apunta asimismo que la inversión se verá afectada.

Los sindicatos discrepan del panorama que dibujan los empresarios. «La subida del SMI es un gran acuerdo en el marco del diálogo social, que se suma a otros alcanzados, y que además de beneficiar a los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan, repercutirá positivamente en la economía», argumenta Ana García, secretaria general de CCOO-PV. Además, García lamenta la actitud de la patronal a la que pide «un ejercicio de responsabilidad, ya que a día de hoy están obteniendo más de 21.000 millones de beneficios y eso tiene que repercutir también en los trabajadores».

Desde UGT-PV defienden que el incremento del SMI no destruye empleo. «Todo lo que va al salario mínimo acaba repercutiendo en la economía porque no hay margen para el ahorro cuando uno cobra 1.080 euros», asegura Ismael Sáez, secretario general del sindicato en la Comunitat Valenciana, quien insiste en que ese dinero de más repercutirá en el consumo. Una visión que, sin embargo, no comparte el presidente de la CEV en Castellón. «Desgraciadamente la inflación se está comiendo la posibilidad de que ese 8% más se destine a comprar o salir a comer fuera», expone Martí. 

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