Territorio aflora en Castellón 24.531 viviendas ilegales que se podrán regularizar

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha cifrado, tras un trabajo exhaustivo de detección, en 24.531 las viviendas construidas de manera ilegal en la provincia de Castellón que todavía hay en pie, y de las que el 100% podrá optar a subsanar su situación por diversas vías, según su antigüedad, ubicación, ocupación y requisitos que fija la normativa autonómica. 

El director general de Urbanismo de la Conselleria, Vicente García Nebot, explicó que estas son «las que están en situación de poder regularizarse». Aparte, existe otro cupo de edificaciones que sí estarían expuestas al derribo, pero cuya lista no se puede hacer pública la cifra de casos porque la Agencia Valenciana de Protección del Territorio está en gestiones con los propietarios afectados. Pero recalcó que es «mínima». 

¿Dónde se encuentran?

La tipología fundamental --según explicó Nebot-- corresponde a «casas unifamiliares, de campo o segunda residencia, construidas a lo largo de muchos años, sobre todo, de los dueños de parcelas próximas al mar que en su día decidieron construirse una vivienda y la Administración no reaccionó en el momento que debía hacerlo pidiéndoles que no lo hicieran».

El principal foco de inmuebles ilegales es la capital Castelló, en la Marjaleria; y la Plana Baixa (Almassora, Vila-real, Onda,...). También en Benicarló, en partidas determinadas como Sanadorlí, cerca de la costa norte.

Las casas construidas antes de 1975 en estas circunstancias alegales se consideran como legalizadas y solo tienen que minimizar su impacto ambiental, pues tendrían licencia. Otro grupo son las construidas desde 1976 hasta la actualidad. Ahí se ha hecho un trabajo de detección de todas esas viviendas ilegales «en todos y cada uno de los municipios de Castellón y del resto de la Comunitat».  

"La inmensa mayoría se puede legalizar"

Entre las edificaciones construidas en terrenos sin todas las garantías legales, que se desarrollaron posteriores a la entrada en vigor de la LOTUP, en el 2014, «la inmensa mayoría se pueden legalizar, aunque es cierto que hay algunas que no cumplen requisitos y que están ya en manos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y se exponen al derribo». «Pero si tienen las condiciones para entrar en un plan de minimización de impacto ambiental (solucionando aspectos como la depuración de aguas, etc.), se podrán regularizar todas las que hay fuera de juego y eso supone una buena noticia», dijo al respecto el mandatario autonómico.

«Muchas son casas de campo cerca del mar y la Administración no reaccionó en su día cuando se construyeron»

Vicente García Nebot

— Director General de Urbanismo

¿Qué tienen que hacer los propietarios de viviendas ahora consideradas ilegales pero que por sus circunstancias sí que tienen esa opción a ser legalizadas y ponerse al día? Pues Nebot explicó que a priori existen dos tipos de procedimiento administrativo para ello. «Una es la vía colectiva, con viviendas que se ubican en una zona donde la densidad de construcción ilegal sea muy importante: de más de tres viviendas por hectárea. Esas tienen que hacerlo a través de un plan especial y adoptar medidas colectivas, sobre todo contra los vertidos», citó.

Y luego existe otra categoría, que es la mayoritario, «que necesita un plan de minimización de impacto ambiental individualizado. Les dirán en el ayuntamiento cómo presentar la documentación, luego su solicitud tiene que pasar por pleno para que autorice esa hoja de ruta individual, y tendrán un plazo de cuatro años para cumplirla y pedir las licencias».

Entre los ejemplos, constan unos 1.800 inmuebles detectados en Castelló, principalmente en la Marjaleria; frente a los 1.183 de Benicarló o los 899 de Onda. 

44 municipios colaboradores y una plataforma urbanística digital

Un total de 44 consistorios de la provincia de Castellón se han adherido como colaboradores de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. 

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De este modo, los ayuntamientos delegan en el ente las competencias de sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística que correspondan al municipio que se ha integrado voluntariamente, en ciertos supuestos. Serían de infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido, con el alcance establecido en el artículo 1 apartados 3 y 4 del Decreto 52/2021 del Consell. «La potestad de inspección y supervisión se ejercerá de forma concurrente entre el Ayuntamiento y la Agència», indicaron. Los inmuebles ilegales localizados se irán catalogando en una plataforma digital.

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