Castellón es la provincia con un mayor atasco judicial de toda la Comunitat

Se ha convertido ya en un problema crónico en los juzgados de la provincia de Castellón. El atasco en las causas va a más y no se observa, en los últimos años, una vía de resolución a este problema que como recuerdan los expertos provoca que la justicia sea más lenta y, por tanto, menos justa. Castellón experimentó el año pasado el mayor aumento de causas judiciales de la Comunitat Valenciana, lo que no hizo más que agravar la saturación existente.

Así lo reflejan los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el 2022, que están incluidos en el informe estadístico publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de algunos juzgados. 

 Por provincias, los juzgados y tribunales de la provincia de Castellón registraron 74.434 procedimientos, lo que significa un aumento interanual del 11,3%, es decir, la litigiosidad no para de crecer, a pesar de las medidas puestas en marcha por la Conselleria de Justicia para favorecer la mediación y evitar que un conflicto deba ser resuelto vía judicial. 

Durante dicho ejercicio se resolvieron 71.452 asuntos, un 9,2% más que en el 2021, y 41.593 quedaron pendientes de resolver, esto es un aumento del 8,3%.  

La tasa de congestión de la provincia de Castellón es de 1,58, frente al 1,44 de Valencia y el 1,51 de Alicante. Aunque el dato resulta elevado, es un poco inferior al del 2021. Se trata del índice que suma los procedimientos pendientes y los registrados, y los divide entre los resueltos.

El colapso judicial se agrava ante la subida de un 10% de los nuevos casos en Castellón

Datos de la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat, durante el año 2022, los juzgados y tribunales de la Comunitat registraron un total de 720.193 asuntos, un 7,6% más que en 2021, y resolvieron 691.546 procedimientos, un 1,5 % más que en el ejercicio anterior. También aumentó, en un 10,1%, el número de asuntos que quedaron pendientes de resolución a 31 de diciembre, en total 332.987. 

El aumento de la actividad jurisdiccional en territorio valenciano es consecuencia del incremento que experimentaron los asuntos de nuevo ingreso en los órdenes civil y penal. En Castellón, el número de asuntos civiles registrados experimentó un aumento interanual del 9,3%, con 33.901. 

Si se observa la jurisdicción penal, el repunte de los asuntos en la provincia fue del 16%, con un total de 35.753, mientras que en los órdenes contencioso-administrativo y Social, a nivel autonómico, la tendencia fue la contraria. 

En cuanto a la tasa de litigiosidad, que relaciona el número de asuntos por cada 1.000 habitantes, la Comunitat se sitúa en la sexta posición del país, con 141,3, valor que supera la media nacional, que es de 140,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.  

Los puntos débiles

Ante los datos ofrecidos por el CGPJ, el decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, explicó que, a pesar de que las cifras de congestión son similares a las que había el año anterior, «existen jurisdicciones que pasan a estar muy colapsadas, como son los juzgados de lo Penal, de lo Mercantil y la Audiencia Provincial en materia civil o los asuntos civiles en relación con la violencia contra la mujer».

En cuanto a la jurisdicción penal, la provincia cuenta con solo cinco tribunales, cuatro en la Ciudad de la Justicia de Castelló y otro situado en Vinaròs, mientras que en lo Mercantil solo hay un juzgado para todos los procedimientos de la provincia.

«Lo cierto es que no se ha logrado reducirla la congestión durante el ejercicio 2022 y la huelga de letrados de la Administración de Justicia no hará sino acrecentar las demoras», indicó el decano de los abogados.

Y es que, como informó Mediterráneo, este paro, que lleva semanas en marcha, ha hecho mella en el colapsado sistema judicial de la provincia. Estos funcionarios, conocidos anteriormente como secretarios judiciales, están presentes en todos los juicios y vistas, por lo que a finales de febrero a nivel provincial ya se habían cancelado unos 2.000 procesos, además de dejar miles de euros pendientes de entregar, dado que también se encargan de la gestión de las cuentas judiciales en las que se depositan pensiones alimenticias, retenciones de embargos, indemnizaciones o fianzas.

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