«La violencia de género debe ser prioritaria y Castellón necesita más juzgados»

Manuel Mata (Vila-real, 1968), especialista en derecho tributario, afronta su segundo mandato al frente del Colegio Oficial de Abogados de Castellón, cargo en el que repite tras no haberse presentado otras candidaturas.

--Hace ahora cuatro años iniciaba usted una nueva etapa al frente del Colegio Oficial de Abogados y acaba de conocerse que repetirá durante otros cuatro. ¿Qué objetivos se marcó en su primer mandato y le quedaron por cumplir?

--Nuestra principal función es representar y defender a los compañeros y compañeras en su ejercicio profesional, que es el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos de la ciudadanía. El Colegio de Abogados tiene la obligación de que este ejercicio se pueda prestar en condiciones de libertad e independencia. El objetivo principal que nos marcamos fue que los castellonenses, a los que servimos, perciban que pueden contar con un abogado como garantía para la defensa de sus derechos. En un mundo cada día más complejo, la presencia de los abogados se hace imprescindible. Las personas siempre vamos a tener problemas y los abogados estamos a su disposición para acompañarles y encontrar soluciones adecuadas. Así pues, nuestro compromiso es generar confianza.

-- ¿Qué nuevas metas afronta?

--El reto es el mismo. En pocos meses tenemos un Congreso General de la Abogacía Española en el que se analizarán los problemas de la sociedad y como los abogados podemos mejorar y ser más útiles. En este congreso debatiremos los principales retos ante los que nos enfrentamos. Nos preocupan temas como la lejanía y la despersonalización de la administración en su relación con la ciudadanía, las barreras que la tecnología implica para el ejercicio pleno de sus derechos. La abogacía debe estar más presente y ser más próxima a los problemas de la sociedad. Nos preocupa mucho la mercantilización de nuestra actividad, que los derechos sean una mercancía, que se interpongan intermediarios en la relación entre los abogados y sus clientes. Bajo la apariencia de despachos profesionales se esconden intermediarios que anteponen el beneficio económico a una prestación de servicios jurídicos técnicamente diligente. 

-- ¿Cómo valora usted la actual situación que vive el turno de oficio tras años de críticas por el retraso en los pagos de Conselleria y la escasa retribución?

--España es el país con más actuaciones en materia de justicia gratuita por habitante de toda Europa. Triplicamos la media. Es el país que más invierte en justicia gratuita por habitante y que peor retribuye a sus letrados, una cuarta parte de la media que se paga en la Unión Europea. Este es un hecho diferencial de nuestro sistema respecto al resto de Europa y del mundo. Determinados expertos señalan que esto hace que la litigiosidad crezca y existe un peligro de morir de éxito: que el sistema acabe siendo financieramente insostenible. Creo que el sistema está bien diseñado, pero no puede ser a costa de que los abogados reciban una cuarta parte de la retribución que se percibe como media en Europa. Como casi todo en este mundo, debe ser objeto de una permanente revisión para hacerlo sostenible.

-- La situación de colapso que experimenta la justicia castellonense desde hace años no parece mejorar. Según los últimos datos publicados por el CGPJ, la provincia sigue teniendo la mayor tasa de pendencia de la Comunitat. ¿Qué juzgados viven una situación más crítica y qué medidas de choque propondría usted para intentar atajar el atasco?

--Los problemas de la administración de justicia que cita son estructurales y dependen de su diseño. Nuestro sistema es sumamente garantista y eso cuesta dinero. Nuestro legislador está empeñado en descongestionarla y hacerla sostenible, privatizando la resolución de conflictos, es decir, como el sistema es caro, las controversias y los conflictos de los ciudadanos los resolverán entidades privadas, con mediadores privados, árbitros privados, etc.. Es evidente que son decisiones de carácter político que asumimos y con las que hay que ser respetuoso, pero, cuanto menos, sorprende que quienes abominan de privatizar, por ejemplo, la sanidad, no tengan reparos en privatizar la resolución de conflictos. Creo que hay que ser muy cuidadosos con importar sistemas que no nos son propios en determinados ámbitos del derecho. El sistema público de Justicia debe preservarse. Pero más allá, me preocupa la resolución de conflictos a través de inteligencia artificial y el uso de algoritmos. Pensemos que en Estados Unidos más del 90% de los conflictos se resuelven a través de medios telemáticos. Los riesgos por los sesgos que tienen estos sistemas son una cuestión ante la que hay que estar muy vigilantes.

-- La huelga actual de los letrados de la administración de Justicia agrava el problema. ¿Qué opina de la misma y qué afección está teniendo la huelga en la provincia?

--Partiendo del escrupuloso respeto al derecho de huelga que asiste a este cuerpo de letrados, en mi opinión el planteamiento de sus exigencias es inadecuado. Pretender ligar su sueldo al de los jueces; creo que es un error grave. Este planteamiento no puede salir adelante porque a continuación seguiría una huelga de jueces, otra de fiscales y otra del resto de funcionarios. El Ministerio no lo va a aceptar y la huelga va a seguir. Es inaudito que el Ministerio y los convocantes no están reunidos y no se levanten de la mesa hasta que no se solucione el asunto. Si se hubiese tratado de una huelga en una empresa privada con tanta afección a la ciudadanía, la administración ya hubiera intervenido. Como en este caso el empresario es la propia administración, parece que no haya prisa. Situaciones como estas son las que hacen que España pierda competitividad a nivel internacional. En nuestra provincia el seguimiento de la huelga no es tan elevado, debido a que muchas plazas están cubiertas por personal interino. Aprovecho para agradecer a algún juzgado de lo social de Castellón que tenga la deferencia con la ciudadanía de Castellón de preavisar con cierta antelación si están ejerciendo este derecho de huelga. 

-- Las castellonenses denuncian cada vez más situaciones de maltrato, como pone de manifiesto el informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La provincia duplicó el año pasado las denuncias por violencia de género hasta las 3.899 frente a las 1.876 del ejercicio anterior. ¿A qué cree que se debe?

--El problema de la violencia sobre la mujer debe ser una absoluta prioridad para los poderes públicos. Es cierto que se ha incrementado enormemente el número de denuncias respecto a años anteriores. Crear más juzgados es imprescindible, pero entiendo que la resolución del problema exige analizar las causas profundas de esta violencia. En este sentido, entiendo que no soy la persona adecuada para hacerlo. Los conflictos y las guerras siguen presentes. La violencia contra los más débiles, contra las mujeres en particular, también responde a esta lógica evolutiva. Sólo la educación y esa permanente apelación a los Derechos Humanos nos permite escapar de la violencia. El derecho también debe ser un instrumento para combatir esta lacra.

-- ¿Qué medios personales/nuevos órganos judiciales considera que hacen falta en esta materia?

--Es fundamental crear más juzgados de lo Penal, un segundo Juzgado de lo Mercantil y algún Civil en relación con la violencia machista. También es importante crear un segundo Juzgado de Violencia contra la Mujer en Vila-real, dada su carga de trabajo.

-- La digitalización de la Justicia debería haber experimentado un salto sin precedentes a raíz de la pandemia del coronavirus. ¿Se han cumplido las expectativas?

-- La transformación ha sido muy importante. La digitalización debe ayudar a la prestación del servicio, pero no puede suponer una barrera para los ciudadanos.

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