El Sindicato Médico (CESM) insta a la dimisión del delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO) del Hospital Provincial, Amalio Palacios, de la Presidencia de la Comisión de Igualdad «hasta que se depuren las responsabilidades debidas» por el expediente informativo abierto tras las denuncias de tres trabajadoras por un presunto acoso laboral.
El delegado sindical de CESM y médico del trabajo, Slavko Zupcic Rivas, se pronuncia en un escrito sobre el asunto «luego de que algunas trabajadoras advirtiesen que habían sido maltratadas durante el desempeño de labores administrativas».
Zupcic expresa que «maltratar de forma reiterada, sometiendo a actos hostiles o humillantes a una persona en ambiente laboral puede ser, una vez demostrado, un delito tipificado penalmente» y expone que «también es un tema de la medicina del trabajo, ya que es su especialista quien debe prevenir que esto suceda o se agrave y, además, atender en una primera instancia al trabajador --que también es víctima y paciente-- para hacer luego las derivaciones pertinentes».
«En un ambiente hospitalario son frecuentes estas situaciones: por los turnos de trabajo continuo, por la presión asistencial y por la elevada carga física y mental que en este sector se exige a sus trabajadores», argumenta.
«Dilación»
«En el procedimiento, aunque con velocidades distintas, la mayoría de personas y entes involucrados han cumplido las funciones de su rol», señala, detallando que «las trabajadoras que refieren haber sido maltratadas presentaron sus escritos a la dirección de la empresa que, con dilación, inició la apertura de un expediente y varios sindicatos --entre ellos el Sindicato Médico al cual represento-- solicitaron la dimisión de Palacios de la Presidencia de la Comisión de Igualdad hasta que se depuren las responsabilidades debidas».
Ahora bien, Zupcic apunta que «algunos políticos y los representantes provinciales de CCOO han acudido a los medios de comunicación para demostrar su apoyo a la persona cuestionada aduciendo que se trata de una persecución con causas o fines políticos». Una circunstancia que, a su parecer, «contraviene cualquier lógica».
«Un deber»
«La posibilidad de maltrato no es un asunto político ni electoral. Lo primero que hay que hacer es proteger a las posibles víctimas. Este es un deber de las instituciones y de la sociedad», sentencia el delegado de CESM, aludiendo a que «una forma de hacerlo es forzar la dimisión temporal de este dirigente de la Presidencia de un ente que debe velar por un trato igualitario entre hombres y mujeres en toda empresa; y acelerar la instrucción del expediente».
«Lo otro es sentido común y así se ha hecho toda la vida: en lugar de procurar el apoyo de políticos y organizaciones de la provincia, Amalio Palacios debería hacer acto de contrición y pedir disculpas a las personas que se han sentido agredidas por él», concluye.
En paralelo al expediente informativo mencionado, la Fiscalía abrió diligencias para investigar los hechos a raíz de que una de las denuncias extienda el presunto acoso al ámbito «personal».
La carta íntegra del delegado de CESM en el Provincial, Slavko Zupcic Rivas
Maltratar de forma reiterada, sometiendo a actos hostiles o humillantes a una persona en ambiente laboral puede ser, una vez demostrado, un delito tipificado penalmente. Pero también es un tema de la Medicina del Trabajo ya que es su especialista quien debe prevenir que esto suceda o se agrave y, además, atender en una primera instancia al trabajador (que también es víctima y paciente) para hacer luego las derivaciones pertinentes.
En ambiente hospitalario son frecuentes estas situaciones: por los turnos prolongados de trabajo continuo, por la presión asistencial y por la elevada carga física y mental que en este sector se exige a los trabajadores.
En las últimas semanas, luego de que algunas trabajadoras advirtiesen que habían sido maltratadas durante el desempeño de funciones administrativas, el Hospital Provincial de Castellón ha iniciado la apertura de un expediente informativo contra el dirigente de Comisiones Obreras Amalio Palacios, quien también es Presidente de la Comisión de Igualdad de dicho hospital.
En el procedimiento, aunque con velocidades distintas, la mayoría de personas y entes involucrados han cumplido las funciones de su rol. Las trabajadoras que refieren haber sido maltratadas presentaron sus escritos a la dirección de la empresa que con dilación inició la apertura de un expediente y varios sindicatos -entre ellos el Sindicato Médico, al cual represento- solicitaron la dimisión de Amalio Palacios de la Presidencia de la Comisión de Igualdad hasta que se depuren las responsabilidades debidas.
Pero algunos políticos y los representantes provinciales del sindicato Comisiones Obreras han acudido a los medios de comunicación para demostrar su apoyo a la persona cuestionada aduciendo que se trata de una persecución con causas o fines políticos. Esta circunstancia contraviene cualquier lógica. La posibilidad de maltrato no es un asunto político ni electoral. Lo primero que hay que hacer es proteger a las posibles víctimas. Este es un deber de las instituciones y de la sociedad. Una forma de hacerlo es forzar la dimisión temporal de este dirigente de la presidencia de un ente que debe velar por un trato igualitario entre hombre y mujeres en toda empresa y acelerar la instrucción del expediente. Lo otro es sentido común y así se ha hecho toda la vida: en lugar de procurar el apoyo de políticos y organizaciones de la provincia, Amalio Palacios debería hacer acto de contrición y pedir disculpas a las personas que se han sentido agredidas por él.
