El plan del Desert de les Palmes investigado en el caso Azud incumplió las leyes
La Agencia Valenciana Antifraude concluye en un informe incorporado al caso Azud que el proyecto inicial no respetaba el Plan General de Benicàssim, el PRUG y la Ley de Montes
Restos del antiguo Monasterio de los Carmelitas en el Desert de les Palmes. / Mediterraneo
Laura Ballester
El Plan especial de protección del bien de interés cultural (BIC) del Desert de les Palmes de Benicàssim incumplió toda la normativa medioambiental y urbanística según concluye la Agencia valenciana antifraude en un informe aportado al caso Azud y notificado a las partes.
El Juzgado de Instrucción 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción investiga esta operación urbanística impulsada por los Carmelitas Descalzos de Castellón para quien trabajaba el jurista José Luis Vera, que también colaboraba con el empresario Jaime Febrer.
El proyecto pretendía promover un proyecto de mejora ambiental y cultural de las 329 hectáreas propiedad de esa congregación en el protegido Desert de les Palmes, a cambio de obtener edificabilidad en las zonas urbanizables en expansión en Benicàssim, que precisaba de un convenio con el consistorio de la localidad de la Plana Alta.
La empresa Nou Biourbanisme, sociedad creada por Febrer para otra operación urbanística de construcción de VPO en València, iba a ser uno de los instrumentos utilizados.
Aprovechamientos urbanísticos
Para ello se firmó un convenio en mayo de 2007 para impulsar el plan especial de protección del entorno del Desert de les Palmes pero también obtener un aprovechamiento urbanístico del entorno. Para ejecutar el plan de adecuación del Desert debía aprobarse un segundo convenio que tenían que firmar Nou Biourbanisme, el Gobierno central, el autonómico y el ayuntamiento, además de los priores. La figura urbanística elegida fue el Plan especial de protección del BIC del Desert de les Palmes que, según las conclusiones a las que llega la Agencia Antifraude, «contenía determinaciones o actuaciones incompatibles con la normativa establecida en el PRUG (plan rector de usos y gestión) del Desert de les Palmes, el decreto que declaró BIC este entorno natural en 2005, la ley de montes, las medidas de conservación de la Red Natura 2000 en la que está incluido el Desert de les Palmes y el Plan general de ordenación urbana (PGOU) de Benicàssim», según concluyen los peritos de la Agencia Valenciana Antifraude.
Este Plan especial de protección del BIC del Desert de les Palmes fue elaborado por la Universidad Politècnica de València, con la que trabajó la Orden de los Carmelitas Descalzos de 2003, y que fue adjudicataria de la redacción definitiva del plan, cofinanciado por el Ayuntamiento de Benicàssim, merced a un convenio de «apoyo tecnológico» suscrito el 20 de diciembre de 2005.
Una adjudicación que, según recoge Antifraude, se debería haber sacado a licitación pública. O, al menos, haber solicitado tres presupuestos distintos antes de adjudicar la prestación del servicio, que tuvo un coste de 128.000 euros IVA incluido.
Entidad gestora
La Orden de los Carmelitas Descalzos también formalizó en mayo de 2007 un convenio con la mercantil de Jaime Febrer, Nou Urbanisme SA, para «viabilizar la ejecución de los distintos proyectos incorporados al Plan especial de protección del BIC del Desert de les Palmes» y por el que «la mercantil se convertía en la entidad gestora». Los supervisores del proyecto eran el jurista José Luis Vera, investigado en el caso Azud, y el arquitecto que dirigió la redacción del plan especial.
Antifraude constata que el convenio formalizado entre Nou Biourbanisme SA y los Carmelitas Descalzos «no llegó a desplegar todos sus efectos» por dos motivos. De una parte la dilatada tramitación del plan especial del BIC del Desert de les Palmes, que no culminó hasta el 14 de diciembre de 2016. Y de otra que «las expectativas de ejecución de infraestructuras, edificación, urbanización e intervención que la mercantil (Nou Urbanisme) pudiera tener en las actuaciones contempladas en el plan se vieron frustradas, debido a que, durante la tramitación autonómica, muchas de las actuaciones fueron considerablemente reducidas, modificadas e incluso suprimidas».
«Se excedió en su finalidad y objetivos» y recibió 468.640 euros
«Un Plan especial para la protección de un BIC (bien de interés cultural) no puede -con el pretexto de proteger el patrimonio arquitectónico y paisajístico del BIC- contemplar la demolición de edificaciones, la ejecución de obras de urbanización, el incremento del suelo dotacional privado, la construcción de nuevas edificaciones y el aumento de edificabilidad de otras, en relación con las previstas en las normas de protección de la declaración del BIC y las determinaciones del PRUG» , concluyen los investigadores de la Agencia Valenciana Antifraude. Por ello consideran que el plan especial inicialmente elaborado y aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Benicàssim en 2009 «se excedió en su finalidad, en sus objetivos y determinaciones». Durante la tramitación, Nou Urbanisme donó 192.000 euros a los Carmelitas Descalzos para sufragar el plan especial que también recibió 276.640 euros del consistorio.
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