La Generalitat quiere tener la competencia para autorizar chiringuitos de playa

Una de las controversias que se producen cada verano en municipios costeros de Castellón tiene que ver con la concesión de autorizaciones administrativas para poner en marcha chiringuitos en la playa. Un recurso turístico que gestiona el área de Costas del Ministerio de Transición Ecológica, y que en el futuro podría pasar a depender de la Generalitat.

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, reveló en la rueda de prensa del Consell que este es uno de los objetivos que se persiguen con la futura ley autonómica de Costas, que ya ha dado los primeros pasos para su elaboración.

Agilizar los trámites

Pradas justificó esta intención de arrebatar la competencia al Gobierno en la necesidad de "ganar agilidad a la hora de tramitar expedientes, porque todos los que hemos estado en ayuntamientos o conocemos la actividad municipal sabemos todos los años se presentan planes de explotación estival, y se encuentran con que llega el mes de junio y no saben lo que hacer en una playa concreta, por lo que con una administración más cercana podríamos ayudar", al tiempo que "fomentar la compatibilidad de usos para la actividad económica, que es muy importante en las costas".

Pativel

Tal y como avanzó Mediterráneo, uno de los grandes objetivos de la nueva ley será modificar el Pativel, la norma elaborada durante el periodo del Botànic para limitar construcciones en la costa. La consellera mencionó que esta regulación "se adaptará a la ley de costas, con zonificaciones y para compatibilizar el medio ambiente con el desarrollo económico y social". Además, indicó que en su elaboración "escucharemos a los alcaldes y municipios".

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El Pativel es un instrumento en vigor, después de los procedimientos judiciales emprendidos por consistorios y afectados. Para Salomé Pradas, "una cosa es que esté avalado por el Tribunal Supremo, y otra que compartamos sus valores y principios desde el actual Consell".

Añadió que de esta manera "habrá mayor seguridad jurídica a los propietarios, tal y como reclaman municipios de todos los signos políticos".

Viviendas en Cabanes y Nules

Uno de los asuntos más controvertidos es la situación de núcleos de viviendas ubicados en las inmediaciones de la costa. Un conflicto que existe en puntos como el poblado de Torre la Sal de Cabanes o en primera línea de Nules. La fórmula por la que apuesta la Generalitat es considerarlos como espacios de valor patrimonial, "que requieren de protección, y los queremos poner en valor mientras el Gobierno los quiere derribar". Algo que se haría aprovechando que la Generalitat "tiene competencias en Patrimonio", dijo.

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Esto puede suponer una colisión de competencias entre la administración central. "No queremos sustituir, sino complementar", dijo Pradas, y defendió esta postura en que el Estatut d'Autonomia "permite a la Generalitat ejercer las competencias en todo el territorio, incluida la costa". Pradas confió en que en el 2024 la ley ya estará lista y en marcha.

Críticas del PSPV

La responsable de territorio del PSPV, María José Salvador, que fue la consellera en el momento de aprobación del Pativel, ha criticado estos anuncios. "El Consell no tiene competencias sobre el litoral de la Comunitat Valenciana" y ha señalado que "esa futura ley de costas de la que hablan está abocada al fracaso", ya que invade "competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional como ha ocurrido en Galicia". 

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Salomé Pradas afirmó que si el Gobierno convoca la comisión bilateral "se hará uso del diálogo".

De paso, comentó que Transición Ecológica "tiene que ejecutar el 97% de las obras de regeneración y salvaguarda del frente litoral" pendientes en el territorio autonómico.