DEMANDA SOCIAL

Viviendas protegidas en Castellón: los ayuntamientos, a la espera de que se concrete el plan de la Generalitat

El Consell pide que los municipios cedan terrenos para su proyecto de viviendas sociales

Edificio de viviendas sociales en Castelló.

Edificio de viviendas sociales en Castelló. / Gabriel Utiel

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La cuestión viene de lejos, pero hay momentos en los que se hace más acuciante. También en Castellón. El acceso a la vivienda, especialmente por parte de aquellos más jóvenes, se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. Sobre todo en un momento como el actual, marcado por la inflación y los elevados tipos de interés, o el análisis con lupa que hacen las entidades financieras para dar hipotecas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, incluyó en su programa electoral la creación de 10.000 viviendas públicas repartidas por toda la Comunitat. Este miércoles, el jefe del Consell hizo unas declaraciones en las que pidió a los ayuntamientos que cedan terrenos con el fin de proceder a la construcción de viviendas protegidas.

REACCIONES: Colaborar para tener más parque público

Los ayuntamientos consultados coinciden en la idea de contar con viviendas públicas para destinarse a las rentas bajas. Desde el Ayuntamiento de Castelló afirman que estarán «siempre al lado de la Generalitat en aquellos proyectos que quiera impulsar en nuestra ciudad, y colaboraremos en todas aquellas iniciativas que quiera desarrollar y supongan una inversión para los castellonenses».

En el segundo municipio más poblado de la provincia, Vila-real, mencionan que si la administración autonómica «se interesa por este tema, bienvenida sea», además de revelar que desde el Gobierno de España «hace semanas que preguntaron por la disponibilidad de suelo para vivienda pública, y se facilitó».

Desde Almassora, apuntan que su consistorio «colaborará con el Consell si así se lo requiere en el impulso de VPO para facilitar el acceso a la vivienda a todos sus vecinos», y que desde el equipo de gobierno de María Tormo «consideran que todas las acciones para ampliar el parque público pueden ser positivas».

Mientras, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, muestra su «apoyo a la medida, porque hay mucha demanda de vivienda protegida». En cuanto a Onda, se muestran más cautos. «De momento no ha llegado ninguna solicitud de la Generalitat», apuntan, ya que esta propuesta se lanzó aprovechando una visita institucional del president a Sant Vicent del Raspeig, en la que Mazón añadió que ya se han mantenido unos primeros contactos con alcaldes. Por tanto, están a la espera de conocer los detalles y por un procedimiento oficial. «Si se produce, se estudiará pensando siempre en el bienestar de los ondenses», añaden fuentes municipales.

En l’Alcora están receptivos a la medida. Su alcalde, Samuel Falomir, recuerda que ya se «solicitó hace tiempo una reunión con la vicepresidenta segunda de la Generalitat», que asume las competencias en Vivienda. En esta solicitud se instó a que, «si el ayuntamiento les cede terreno, saber qué tipo de viviendas son las que les ayudarían a realizar». Recuerda que en este mandato local se ha creado una concejalía específica para reforzar esta área y hacer frente a destacados retos, como son, precisamente, la construcción de vivienda protegida y el fomento de la rehabilitación.

POSIBLES ALTERNATIVAS: Comprar viviendas al ‘banco malo’

El mecanismo lanzado por Carlos Mazón es similar al de los equipamientos públicos: los consistorios ceden terrenos para construir colegios, institutos o centros de salud, para que luego se encargue la Generalitat de materializarlos. Pero hay diferentes realidades según los municipios. No parece haber problema en Vila-real, ya que en el nuevo barrio de los Santos Evangelistas «hay una reserva de terreno para vivienda social», destacan desde el consistorio. En l’Alcora, los presupuestos de este año tienen una partida de 600.000 euros para la compra de terrenos con destino a VPO.

En cambio, el acceso a suelo público es más difícil en otros puntos. El alcalde de Moncofa, Wences Alós, menciona que no dispone en estos momentos de terrenos para este fin, aunque recuerda «la gran cantidad de viviendas vacías, incluso algunas de ellas okupadas», que se arrastran desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Por eso, cree que una alternativa sería la compra de viviendas a la Sareb, conocida popularmente como el banco malo, y que cuenta con una gran cantidad de viviendas en esta localidad.

Una propuesta parecida es la de Peñíscola, donde el parque de pisos para residentes de todo el año es escaso. «El ayuntamiento no dispone en estos momentos de terrenos», ponen de manifiesto, por lo que proponen «que la Generalitat compre estructuras que están pendientes de finalización para acabarlas y destinarlas a vivienda social, así como adquirir inmuebles a la Sareb».

¿VENTA O ALQUILER?: Las dos opciones que hay sobre la mesa

El president de la Generalitat no solo pide terrenos, sino también saber cuáles son las necesidades que tienen los municipios. Especialmente los más poblados, que son los que tienen más necesidades. En el caso de Castelló, el parque de alquiler se ha limitado en los últimos años, lo que incrementa los precios de los pisos disponibles. En algunos casos ya hay iniciativas de ámbito local, como en Onda. «Ya tiene en marcha su programa de viviendas de alquiler social, especifican. Todo dependerá de la demanda que detecte cada municipio.

LA GESTIÓN: ¿Qué administración hará el reparto?

Hay otros flecos por aclarar. Uno de ellos tiene que ver con la titularidad de las viviendas sociales, tanto para su compra como VPO como en la modalidad de alquileres sociales. El proyecto es de la Generalitat, con el respaldo de los municipios. No se ha definido si, una vez construidos, pasarán a ser de titularidad de los ayuntamientos para que marquen unas pautas sobre su concesión, o bien esta gestión corresponderá a la Generalitat. Puede haber puntos a favor y en contra de sendas opciones.

En esta información han colaborado Javier Nomdedeu, Miquel Àngel Sánchez, Josep Carda, Cristina Garcia y Alba Boix.

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