Datos del Ministerio del Interior

Las okupación se multiplica por 10 en Castellón en la última década

El fenómeno genera gran malestar vecinal y se dispara tras la pandemia, pasando de 37 casos en 2012 a más de 300 diez años después

Vecinos de Moncofa protestan por las okupaciones en una imagen de archivo.

Vecinos de Moncofa protestan por las okupaciones en una imagen de archivo. / MEDITERRÁNEO

Desesperación vecinal, refuerzos policiales, frente común para poner coto al agravado foco de okupación...así suena el fenómeno okupa en la zona de Els Quarts de Orpesa, lugar donde, como viene informando Mediterráneo, son más de 40 las viviendas adosadas en las que habitan personas de forma ilegal. No es, ni mucho menos, la única población que lo sufre. En Sant Mateu, como también contó días atrás este diario, un matrimonio de octogenarios, que buscaba un ingreso extra para completar su pensión, vive un «calvario» por un inquilino okupa que les debe más de 15.000 euros y a quien se ven obligados a pagar cada mes elevadas facturas por los suministros de luz, agua y gas.

Y es que la okupación de viviendas en la provincia, como en otros puntos de España, no deja de crecer y se ha disparado, especialmente, después de la pandemia del coronavirus, convirtiéndose en un problema de primera magnitud. Tanto es así, que solo en una década se ha multiplicado por diez, tal y como muestran los datos del Ministerio del Interior. Mientras que en el año 2012 los casos anuales en Castellón fueron un total de 37, diez años después, en 2022 superaron los 300, marcando el pico más alto de la historia provincial. El pasado año 2023 los hechos detectados fueron un total de 193.

Eclosión postpandemia

La verdadera eclosión de allanamientos de morada se produce a partir del 2020, cuando por vez primera pasan de 100 casos anuales. Al igual que los hechos delictivos detectados, también han ido a más los hechos esclarecidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, aunque la respuesta no es siempre tan rápida ni tan efectiva como los afectados quisieran. Así, los casos resueltos pasaron de ser 17 en 2012 (la mitad de los registrados) a 205 en 2022 (el 67%).

Por lo que respecta a las detenciones, son más del doble que hace una década. El pasado año 2023 cerró con 39 arrestados, mientras que en el 2022 esa cifra ascendió a 45, frente a los 16 que contabilizó Interior en el 2012.

La Comunitat no crece tanto

A nivel autonómico este tipo de infracciones también han protagonizado un notable incremento, aunque no tan acusado como el que se ha vivido en la provincia de Castellón. Así, según los mismos datos gubernamentales, los casos de okupación detectados se han incrementado en un 68%, pasando de 650 (2012) a 2026 (2022).

El verdadero conflicto que subyace de la okupación es la degradación de la convivencia vecinal de norte a sur y de este a oeste de la geografía provincial. Y es que, como denuncian muchas víctimas, los intrusos provocan ruidos, amenazas, enganches ilegales a los suministros de la comunidad, peleas, falta de limpieza y un creciente problema de salubridad, tráfico de drogas al menudeo etc..

Llama particularmente la atención que los okupas han puesto sus ojos últimamente en zonas residenciales de elevado poder adquisitivo. Además del caso de Els Quart en Orpesa --con propietarios que han invertido los ahorros de su vida en una casa unifamiliar en busca de tranquilidad--, cabe recordar el creciente problema en el PAU Lledó de Castelló, donde han llegado a acceder a casas que, en internet, están anunciadas por más de medio millón de euros.

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