La ley mordaza que el Gobierno quiere revisar deja 13 multas al día en Castellón

Diciembre del 2014. El PP, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, aprobó con el voto en contra de las demás fuerzas políticas la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. La nueva normativa, que entró en vigor siete meses más tarde, fue calificada por la oposición como «una vuelta al Estado policial cuyo objetivo era recaudar dinero» y el bloque de izquierdas anunció que, si llegaba al poder, una de sus primeras medidas sería la derogación de la polémica ley. Y aunque en la pasada legislatura PSPV y Podemos trataron de suprimir la norma, se encontraron con la negativa de ERC y Bildu. Ahora quieren volver a intentarlo y anuncian cambios en un texto legal que en los últimos nueve años ha dejado cerca de 40.000 sanciones en Castellón. 

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Aunque a primera hora de este martes la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciaba un acuerdo con el PSOE para la «derogación» de la Ley de Seguridad Ciudadana (la medida estaba incluida en el programa electoral de la coalición), horas después el ala socialista del Gobierno enfrió el alcance de lo acordado y lo limitó a una revisión de los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado, así como las ofensas contra sentimientos religiosos. También aclaró que se van a iniciar conversaciones con sus socios «para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en las manifestaciones».

Un máquina de hacer dinero

Pero más allá de si será revocada o solo se modificarán algunos artículos, la realidad es que durante casi una década la ley mordaza ha permitido a los diferentes gobiernos hacer caja. Y eso que en los últimos años tanto las sanciones como su cuantía han ido claramente a menos. Solo en Castellón, y según datos del Ministerio del Interior, desde julio del 2015 a finales del 2022 (la estadística del año pasado aún no está disponible) se han impuesto 35. 851 sanciones por diferentes infracciones de esta ley, con una cuantía de algo más de 21 millones de euros. O dicho de una manera más clara: cada día 13 personas son multadas en provincia por infringir alguno de los artículos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

El consumo o tenencia de drogas en espacios públicos es la causa de la mayoría de las sanciones por incumplimiento de esta normativa. Casi la mitad de las multas (17.216 de 35.851) están relacionadas con un uso de las drogas que no comporte un tráfico de sustancias, tipificado penalmente, aunque con el paso de los años las penas han sido a menos. Un ejemplo. En 2016, primero año completo desde la entrada en vigor de la normativa, las multas por consumir droga en la calle ascendieron en la provincia a 2.401. En 2022, en cambio, la cifra se quedó en 263.

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Fumar maría en la calle o a la salida de un discoteca es uno de los motivos de sanción más habitual en Castellón y el segundo lugar lo ocupa la desobediencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde julio del 2015 a diciembre del 2022 se han impuesto en la provincia 9.733 denuncias (algo más de 7.000 fueron en 2020, año en el que se inició la pandemia) y los infractores han tenido que abonar algo más de seis millones. Y otro apunte más: 3.152 ciudadanos han sido sancionados por falta de respeto a la autoridad.

Uso de armas

Otra de las novedades fue la prohibición de perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales u oficios religiosos. Por esos actos han sido multados en estos años 144 personas en la provincia (la cuantía media se acerca a los 1.000 euros), mientras que otras 3.206 han resultado sancionadas por llevar o usar armas prohibidas y han tenido que asumir una multa de 630 euros de media. 

La ley mordaza sigue siendo sinónimo de multa y eso que las sanciones van a la baja. En 2019, por ejemplo, se impusieron en Castellón 6.127 denuncias, más del doble que las registradas en el último año (2.391.).

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