ENTREVISTA

"La legislación da alas a los okupas y Castellón lleva un mal camino"

Mata señala que el derecho al acceso a una vivienda digna no puede ser a costa de perjudicar derechos de los propietarios

Manuel Mata (Vila-real, 1968), es licenciado en Derecho y ADE y lleva 25 años ejerciendo la abogacía.

Manuel Mata (Vila-real, 1968), es licenciado en Derecho y ADE y lleva 25 años ejerciendo la abogacía. / MEDITERRÁNEO

CASTELLÓN

El TSJCV acaba de presentar su memoria anual. En resumen, solicitan ocho nuevos juzgados para Castellón, Vila-realSegorbe y Vinaròs.¿Le parece una petición ajustada a las necesidades?

Efectivamente, estas solicitudes responden a la enorme carga de asuntos que se tramitan en dichas jurisdicciones. Se trata de unas peticiones de mínimos.

¿Cuál es a su juicio la jurisdicción y/o el juzgado que presenta mayores problemas?

Yo creo que los de violencia sobre la mujer son esenciales, por razón de la materia que tratan. También vemos con mucha preocupación la situación del juzgado mercantil porque los constantes cambios de titular están convirtiéndolo en un agujero negro. Parece que cualquier juez que llega a dicho juzgado, en cuanto ve la situación de colapso en la que se encuentra no tarda en solicitar un cambio de destino. Creo que se deberían adoptar medidas decididas para resolver su situación. Pero también la Audiencia Provincial en materia civil y de familia está saturada.

Las especiales características del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe, al ser el único en todo el partido, lo hacen particularmente complejo. Atiende a una población superior a 25.000 habitantes cuando la media nacional está en 8.000. ¿Cómo pueden ofrecer una justicia de calidad con medios tan escasos?

Sencillamente no se puede. Los ciudadanos de Segorbe no son ciudadanos con una administración de justicia digna de tener este nombre. Los abogados de dicho partido judicial lo llevan reclamando largamente. Nuestras peticiones caen en saco roto.

Mención especial merece el juzgado de violencia sobre la mujer de Vila-real. Como ha venido denunciando este diario y corrobora la jueza decana, el órgano está «desbordado», siendo el juzgado en esta materia que más casos registró en el 2023 de toda la Comunitat.De hecho, los funcionarios han tenido que quedarse trabajando hasta altas horas de la noche. ¿Cómo ven esta situación desde el Colegio de Abogados?

La vemos con especial preocupación. Se trata de una materia muy sensible que exige que se deba ser muy riguroso a la hora de adoptar una determinada decisión. El trabajo se desarrolla bajo una tremenda presión y eso favorece que se pueda cometer algún tipo de error. En esta materia, cometer un error puede tener consecuencias devastadoras como hemos tenido ocasión de comprobar. En estos juzgados los abogados sufrimos desesperantes esperas en pasillos por la lenta tramitación de los asuntos. El retraso que sufren los asuntos civiles que se ven en estos juzgados también son tremendos.

Pese a todas estas circunstancias, el Gobierno ha obviado a la provincia al elaborar un listado con los 120 juzgados más urgentes en España. Están Alicante y Valencia, pero no Castellón. ¿Qué le parece?  

Los juzgados de los diferentes partidos judiciales de Castellón están igual de colapsados que los del resto de la Comunidad Valenciana. Crear un ranking de los juzgados más colapsados puede tener su interés en los medios de comunicación, pero el diagnóstico se puede hacer en términos muy similares en toda la Comunidad Valenciana. Es incomprensible que no se haya incluido alguno de los juzgados de nuestra provincia.

A diario los ciudadanos viven situaciones que pueden requerir de la acción de la Justicia: iniciar un procedimiento de desahucio a un okupa, pleitear con una empresa, ir a juicio por un accidente...¿Cuánto se espera en Castellón, de media, desde que se da inicio a un asunto hasta que se resuelve?

En cada materia, los tiempos de respuesta pueden variar bastante. Por poner algún ejemplo, en materia laboral, el tiempo medio de citación a juicio por despido está en unos ocho meses. Las reclamaciones de cantidad y las incapacidades, entre 12 y 14 meses. Es imprescindible un sexto juzgado de lo social, porque la tendencia es a incrementarse las demoras. En materia de familia, las medidas provisionales tienen retrasos de unos tres meses y la demanda principal casi un año, pero lo verdaderamente atascado son las secciones de la Audiencia Provincial que ven los recursos civiles y soportan demoras de 18 meses.

¿Cree que la Justicia de Castellón responde a los estándares de calidad que se esperan de ella?

Esta es una pregunta sencilla de responder: No. La respuesta debe ser negativa y no precisamente por la profesionalidad y dedicación de jueces y magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y abogados que formamos parte del ecosistema judicial. Lo es por la falta de medios, por el desprecio presupuestario, independientemente de qué partido concreto sea el responsable en un determinado momento. La administración de justicia está a años luz, por ejemplo, de la tributaria en materia de medios tecnológicos. Esta situación nos hace perder competitividad como país y se traduce en pérdida de oportunidades para todos nuestros ciudadanos.

El tema de la okupación es un fenómeno que preocupa muchísimo a la ciudadanía. Hay casos que afectan al PAU Lledó de Castelló, Orpesa, Moncofa o Benicàssim y la sensación de los propietarios es que la ley no los ampara. ¿Es así realmente?,¿Son las leyes laxas en lo que respecta a okupación? 

El fenómeno de la ocupación es un problema muy grave en España. Entre 2015 y 2020 las denuncias se incrementaron en más de un 40%. Desde entonces, no han dejado de crecer. En nuestra provincia la situación no es tan alarmante como, por ejemplo, en Cataluña, pero vamos en camino. En España no hay una verdadera política de vivienda pública y la falta de vivienda asequible ha movido a muchas personas a buscar situaciones desesperadas y a grupos criminales a aprovecharse de la situación. En España, el legislador ha dado alas a los okupas. El derecho al acceso a una vivienda digna que consagra la Constitución no puede ser a costa de perjudicar derechos de los propietarios. 

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