Rebaja del IBI y bonificaciones, recetas de los alcaldes de Castellón para sortear el ‘basurazo’

Los ayuntamientos estudian beneficios para las familias numerosas y por uso del contenedor marrón ante la nueva tasa que llega por mandato europeo

Dos operarios trabajan en el interior de una planta dedicada al tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Dos operarios trabajan en el interior de una planta dedicada al tratamiento de residuos sólidos urbanos. / Mediterráneo

Elena Aguilar

Elena Aguilar

Los alcaldes de Castellón andan estos días con la calculadora a cuestas. Antes del próximo mes de abril todos están obligados a implantar un nuevo tributo para pagar íntegramente los gastos derivados de la gestión de los residuos. Y aunque la nueva tasa, impuesta desde la Unión Europea (UE), implicará sí o sí que tanto particulares como empresas paguen más por la basura (las tasas deben ajustarse a lo que realmente cuesta el servicio), los ayuntamientos buscan a contrarreloj fórmulas con las que amortiguar lo que muchos han bautizado como el basurazo.

Aunque la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Castellón aún no ha decidido que harán para que la nueva tasa que llega perjudique lo menos posible al bolsillo de familias y empresas, quienes sí lo han hecho han optado por rebajas en el IBI. Es el caso, por ejemplo, de Benicàssim y Vila-real (estos dos municipios no tienen tasa de basura y antes de abril van a tener que crearla) que en 2025 reducirán un 2% la contribución. Y lo mismo ocurre en Castelló, donde la alcaldesa también ha anunciado una reducción del 2% del IBI.

Entre los ayuntamientos que todavía no tienen clara la fórmula se baraja, además de una reducción de la contribución, aplicar bonificaciones a la tasa de basuras. «Se está estudiando la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales y ambientales, que podrían incluir  beneficios fiscales del 10% por uso del contenedor marrón; del 15% por compostaje y de hasta un 30% según la renta y que también beneficien a las familias numerosas», explican desde uno de los consistorios de la provincia que aún no ha decidido qué medida implementar y qué criterios seguir a la hora de fijar los precios.

Pero más allá de buscar medidas para sortear el nuevo impuesto que llega, los alcaldes no ocultan su malestar por una normativa que, aunque es una imposición de Bruselas, van a tener que gestionar ellos. «Por mucho que tengamos claro que es un mandato europeo, a ojos del vecino el que le va a subir la basura va a ser el alcalde y eso es un marrón y de los grandes», reconocen en otro ayuntamiento. 

En Castellón ningún ayuntamiento ha anunciado todavía cómo quedarán las nuevas tarifas y en los municipios de la Comunitat que sí lo han hecho, el recibido crece hasta un 250%. Es el caso de Orihuela, cuyos vecinos pasarán de pagar de 70 euros de media a 175. En la ciudad de Alicante, los ciudadanos pagarán el año que viene hasta cuatro veces más. 

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