Junta de Gobierno

La Diputación de Castellón adjudica el contrato para fomentar la educación ambiental

El servicio contempla una reestructuración con el reparto de efectivos por zonas para mejorar la gestión de residuos

La inversión asciende a 492.258 euros

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación celebrada este viernes en el Palau Provincial de les Aules y presidida por Marta Barrachina.

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación celebrada este viernes en el Palau Provincial de les Aules y presidida por Marta Barrachina. / JAVIER VILAR

La Diputación de Castellón busca fomentar las nuevas prácticas en la gestión de residuos con la adjudicación de los tres lotes del contrato del servicio de educación ambiental

La Junta de Gobierno celebrada este viernes en el Palau Provincial de les Aules dio el visto bueno a las firmas que se encargarán de prestar el servicio. En concreto, Silvoturismo Mediterráneo S.L. asumirá el lote correspondiente al consorcio C1 de residuos, el del norte de la provincia, por importe de 165.022,89 euros. Mientras, los lotes de los consorcios C2 y C2/V1 quedan en manos de la compañía Instituto Medes S.L., por importe de 164.474,63 y 162.761,36 euros, respectivamente. La inversión total asciende a 492.258,88 euros.

Municipios con menos de 5.000 habitantes

El servicio contempla la educación, comunicación y participación ambiental para la mejora de la gestión de los residuos domésticos y asimilables en los municipios con menos de 5.000 habitantes. «Con la nueva contratación vamos a reforzar las tareas de concienciación entre la ciudadanía y lograr, así, una mejora en el comportamiento ambiental y fomentar la economía circular en nuestro territorio», explicó la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

La acción se llevará a cabo centrada en la proximidad a la ciudadanía, el comercio y las empresas sobre las mejores prácticas en materia de gestión de residuos y los nuevos criterios y oportunidades de la economía circular a nivel municipal, con la finalidad de mejorar el comportamiento ambiental y para dar cumplimiento de los objetivos y principios de la política de residuos regulados en la normativa. Tanto la información de las consecuencias negativas sobre el medio ambiente que tiene el uso incorrecto de productos como la prevención de éstas forman parte de las actuaciones incluidas en el servicio.

Más concienciación

La dirigente provincial incidió en que «hemos reorganizado el servicio de educación ambiental con el fin de ser más eficaces y eficientes, ofreciendo un servicio útil a la ciudadanía». Una de las novedades que contempla la prestación consiste en que cada educador ambiental estará destinado a un sector de forma permanente. «El servicio puede ser muy beneficioso para lograr mayor concienciación ciudadana en cuanto a la gestión de residuos si se coordina y se gestiona de una manera eficaz, tal y como lo vamos a hacer a partir de ahora», señaló el diputado de Residuos, Ximo Llopis.

A su vez, Barrachina subrayó que «desde la institución provincial aplicamos todos los mecanismos posibles para mejorar la gestión de residuos, incentivar el reciclaje y amortiguar así el duro golpe del tasazo impuesto por el Gobierno central».

Medidas ante el 'basurazo'

En este sentido se refirió al incremento del presupuesto para asumir la gestión administrativa y contractual del nuevo tributo en 59 municipios. Así, en las cuentas provinciales del 2025 la institución provincial reserva 3,2 millones de euros para la licitación de los tres contratos que darán cobertura a 59 municipios, frente a los 40 que había hasta el momento y que suponían 1,4 millones. Además, la Diputación amplía la encomienda de gestión para que puedan adherirse los municipios de menos de 20.000 habitantes

Con esta nueva medida, han formalizado su solicitud más de 20 municipios, los cuales se sumarían a los 59 municipios actuales, superando los 80. En un futuro, a la encomienda de gestión por parte de la Diputación de Castellón podrían adherirse hasta 127 municipios de la provincia, “una ampliación que permite fortalecer la red de apoyo y responder de manera efectiva a las necesidades reales de los municipios”, expresó Barrachina.

Sobre el gravamen, la presidenta incidió en que se trata de "una medida recomendada por la Unión Europea, pero presentada como obligatoria por el Gobierno de España y que ha sido impuesta sin que los ayuntamientos hayan recibido las herramientas necesarias para gestionarlo adecuadamente”.

Tracking Pixel Contents