Un trabajador del campo cobra en Castellón menos de la mitad que uno de la banca

La brecha salarial se acentúa en el sector primario. Los empleados de entidades financieras y aseguradoras de toda España, incluidos los de la Comunitat, cuentan con retribuciones muy superiores a los asalariados del ámbito agropecuario: algo más de 50.000 cotizantes valencianos en el régimen agrario y 7.000 en el marítimo, según la Seguridad Social. De poco servirá para paliar esa diferencia retributiva el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía quedará en unos 1.180 euros mensuales a partir de 2025, tal como ha propuesto esta semana el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo.

Más allá del aumento de los costes de explotación, de la competencia desleal de terceros países por incumplimiento de las leyes ambientales o la indefensión ante otros eslabones de la cadena alimentaria y la venta a pérdidas, que preocupan de lleno a los agricultores, las retribuciones del personal contratado en el sector primario constatan año tras año una grave pérdida de poder adquisitivo. 

Los últimos datos que maneja la Agencia Tributaria son contundentes. Los empleados de Castellón del sector de la banca y las aseguradoras cobran al año una media de 36.229 euros, mientras que los que trabajan en el campo, la ganadería o la pesca perciben 15.720 euros. O lo que es lo mismo, los ingresos de los primeros son más del doble que los de los segundos. Además, los sueldos de los agricultores se encuentran muy lejos de las nóminas medias del conjunto de actividades económicas en Castellón: 22 227 euros.

En el conjunto de la Comunitat distancia entre unos y otros todavía es mayor. Los asalariados del sector financiero perciben una media de 38.805 euros, mientras que los del sector primario se quedan en 12.994, tres veces menos.

Varios estudios concluyen que la nómina de los jornaleros ronda los 1.400 euros al mes brutos (16.800 euros al año), lo que puede aumentar en los trabajadores cualificados hasta los 1.570 euros mensuales (18.840 euros brutos anuales). Estos datos los convierten en uno de los sueldos más bajos en el país, situándose solo por encima de la hostelería y las actividades en los hogares.

Estas diferencias salariales no pasan desapercibidas a las organizaciones agrarias y sindicales, que defienden los intereses de los trabajadores del campo, tanto autónomos como empleados por cuenta ajena. Según el secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), Ricardo Bayo, esta situación se debe a la «rotación, eventualidad, minifundismo y a la falta de mano de obra cualificada».

Según UPA, la Ley de Agricultura Familiar, tal como reclama al Gobierno, debería servir para promover un rendimiento económico justo para las explotaciones familiares en la cadena agroalimentaria, reforzando el peso de la agricultura familiar. Para ello hay que garantizar precios justos, relación contractual, etiquetado de origen obligatorio, flexibilidad en los reglamentos higiénico-sanitarios, y mayor impulso a las producciones de calidad diferenciadas sostenibles, la venta directa y las cadenas cortas de comercialización.

Convenios superiores

Desde Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana aseguran que el problema es que «la comparación entre peras y manzanas ofrece unos resultados distorsionados de la realidad». Según expone Cirilo Arnandis, presidente de la entidad, «en casos como el de los cítricos, los convenios de aplicación (tanto el de manipulado como el de collidors) recogen condiciones salariales que son hasta un 20% superiores a sus equivalentes en otras regiones productoras de este país». Y destaca que son convenios que tradicionalmente han sido avanzados, en materia salarial, «en equiparación del trabajo de hombres y mujeres o en derechos para las personas trabajadoras», puntualiza.

Arnandis sostiene que «tampoco son iguales los beneficios que obtienen las empresas financieras o de seguros que las que operan en el sector agropecuario». 

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