La Diputación de Castellón se une para exigir el freno a las desocupaciones de viviendas costeras

La Diputación de Castellón ha exigido de forma unánime al Gobierno de España que se paralicen las desocupaciones de viviendas en la costa de la provincia ante la amenaza para los poblados existentes en el litoral.

Así lo ha acordado en una moción aprobada en el pleno ordinario de enero, celebrado este martes, que defiende a los vecinos afectados de Torre la Sal e insta a la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar la proposicón de ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988 de Costas que fue aprobada y remitida por el Senado en marzo de 2024 con el fin de mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección.

"Parte de nuesta identidad"

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha expresado que “estos núcleos son parte de nuestra identidad y no podemos permitir su derribo. Preservar la costa no es destruirla”, a la vez que ha criticado los distintos "atropellos" por parte del ejecutivo central.

La diputada socialista María Jiménez, por su parte, ha recordado la negativa manifestada por el Gobierno al derribo de las viviendas en Torre la Sal y ha criticado la inacción cuando el PP estuvo al frente de la administración central. "La defensa de la costa es un tema fundamental en el que tenemos que trabajar todos", ha declarado, reprochando que no haya reivindicaciones también a la Generalitat.

Mientras, desde Compromís, su portavoz, David Guardiola, ha mostrado el apoyo de la coalición "a cualquier propuesta que pueda preservar los derechos de los vecinos ante una ley estatal injusta y vamos a votar en el Senado a favor de modificar la ley de Costas y también queremos que las competencias se gestionen desde aquí y no desde Madrid". Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha señalado que la normativa en materia de Costas "ha fracasado y se ha olvidado del derecho a la propiedad privada".

El pleno también ha sacado adelante por unanimidad una moción para reclamar al Gobierno de España para que conceda de forma inmediata ayudas directas a los municipios afectados para reparar los daños producidos por las lluvias torrenciales, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024, en la provincia de Castellón.

Asimismo, con los votos favorables de PP y Vox; la abstención de PSPV y el rechazo de Compromís se ha aprobado instar al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela ante la crisis en el país, contando precisamente con la asistencia de la asociación de venezolanos provincial al pleno. 

PP y Vox aprobaron en solitario otra moción, promovida por la formación de extrema derecha, contra la corrupción del actual Gobierno, derivando en un choque entre los distintos bloques ideológicos, eso sí, en clave nacional

Choque por el fondo de cooperación

El PSPV y el Partido Popular han protagonizado un nuevo choque en el pleno, esta vez de mayor intensidad, con el fondo de cooperación municipal como protagonista. 

Los socialistas habían elevado al pleno una moción, a modo de ultimátum al ejecutivo provincial, para que se plasmara el compromiso de dotar el fondo con cargo a los remanentes, amenazando con presentar un contencioso-administrativo al presupuesto en caso de no aprobarse. "Presentamos la moción, teníamos varios días para llegar a un acuerdo y mejorar la exposición de motivos", ha explicado en una rueda de prensa el portavoz socialista, Samuel Falomir, criticando que "la respuesta ha sido una reprobación", en referencia a la enmienda a la totalidad promovida por los populares que incluía la reprobación del Grupo Socialista en sus acuerdos.

El PSPV redacta ya el contencioso-administrativo contra el presupuesto de la Diputación de Castellón

Ante esta situación, el líder provincial del PSPV ha aseverado que llevarán las cuentas a los tribunales, confirmando que el contencioso-administrativo anunciado «ya se está redactando», aunque sin concretar cuándo se materializará. "No tiene ningún tipo de sentido", ha valorado Falomir sobre la enmienda, señalando que "lo único que consideramos es que el fondo de cooperación o no va a incorporarse al presupuesto o van a cambiarlo y es chulería y prepotencia del gobierno provincial".

Mientras, en el pleno, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha tomado la palabra para afirmar que "retiran esta moción y siguen poniéndole palos a las ruedas con un recurso contencioso-administrativo que saben que no tiene recorrido, porque lo que ha hecho este equipo de gobierno es traer el mejor presupuesto de esta casa"."Para la historia de esta casa quedará que han ido contra un presupuesto legítimo", ha sentenciado.

El rifirrafe no ha quedado en este punto, sino que ha vuelto a retomarse en el punto de ruegos y preguntas. Falomir ha defendido que el contencioso-administrativo no supondrá la paralización del presupuesto y ha pedido al PP que lidere una declaración institucional con el compromiso de dotar el fondo de cooperación con cargo al remanente de tesorería. "Haga lo que quiera para mantener el liderazgo político en su partido, pero dejen de utilizar a los alcaldes y al fondo de cooperación", ha contestado Barrachina.

Nuevo Perte

Más allá, la Diputación ha dado el visto bueno a la solicitud de subvención y creación de agrupación con Facsa y Ciclauga para la ejecución del proyecto Eficas, enfocado en la digitalización y modernización del ciclo urbano del agua, en el marco de la la tercera convocatoria de subvenciones para proyectos del PERTE Digitalización del Ciclo del Agua, con una dotación de 50 millones de euros.

El presupuesto del proyecto asciende a 5,6 millones de euros e incluye actuaciones de digitalización, mejora de redes, eficiencia energética, y sostenibilidad hídrica, alineadas con las tipologías financiables establecidas en la convocatoria. Como ha expresado el diputado del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, “mostramos un nuevo compromiso porque esta sea la legislatura del agua y seguir apostando por ser un referente en la modernización”.