El campo clama contra el registro digital de las pulverizaciones: «Es un disparate»
Los agricultores de Castellón afean a Bruselas que a Egipto o Sudáfrica no se les exige nada y el Consell pide al Gobierno que defienda al sector

Un agricultor realiza un tratamiento fitosanitario para luchar contra las plagas. / Mediterráneo
El reglamento de la Unión Europea que obligará, a partir del 1 de enero del 2026, a todos los agricultores a registrar de manera telemática cada vez que pulvericen sus cultivos ha desatado una ola de críticas en Castellón. Los llauradors consideran un «disparate» la decisión de Bruselas y la Conselleria de Agricultura exige al Ministerio que defienda al sector en Europa.
Pepe Montagut, presidente de la Asociacion Independiente de Agricultores de Nules (Aian), asegura que lo único que se va a conseguir con esta medida es que aumente la burocracia. «Los agricultores ya entregamos a los exportadores y cooperativas la relación de tratamientos que hacemos», explica y lanza una pregunta al ministro Luis Planas: «¿Bruselas también exige la relación de tratamientos y los pesticidas que usan los terceros países como Marruecos, Egipto, Sudáfrica o Turquía?».
Montagut critica la doble vara de medir de las autoridades europeas y recuerda que los agricultores españoles tiene prohibida la utilización de un número cada vez más alto de fitosanitarios. «Eso significa que los productos españoles aportan mayor seguridad alimentaria que los que llegan de terceros países, que utilizan todos los productos vetados en España. Y la única explicación que encontramos es que la UE busca el exterminio de la agricultura en zona europea, posiblemente porque detrás hay otros intereses», defiende.
Quien también se posiciona en contra de que los agricultores tengan que anotar digitalmente cada vez que realicen un tratamiento fitosanitario en cada una de sus parcelas es la Generalitat. «Estamos en contra de las imposiciones burocráticas que, en lugar de beneficiar a la agricultura, solo provocan el incremento del abandono de los campos», apunta Miguel Barrachina, consellera de Agricultura.
Barrachina, que considera una «ocurrencia» y un «sinsentido» que se obligue a registrar digitalmente cada tratamiento cuando el agricultor, para poder usar los productos, ya requiere de un carné de usuario profesional y cuando compra un envase ya queda registrado, exige al Gobierno que «defienda en Europa los intereses y la permanencia de la agricultura»
«Un tercer control adicional no es necesario. Nuestro sector agrícola tiene la edad media más alta de toda España y, además, nuestras explotaciones son pequeñas. Tenemos que ayudarles a que sea fácil trabajar la tierra. No podemos poner trabas», insiste.
Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), que fue quien advirtió de esta imposición, insiste en que Europa debe retirar la medida.
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