La okupación vuelve a crecer en Castellón y solo uno de cada cuatro casos acaba con detenidos

La escena ocurrió hace apenas tres meses en la Vall d’Uixó. Un grupo de vecinos de las proximidades de la calle Alfondeguilla, a muy pocos metros del centro de salud Carbonaire, denunciaban que un edificio propiedad de una entidad financiera había sido tomado por okupas y que estos habían convertido el barranco sobre el que se alza el inmueble en su vertedero particular. En Orpesa, en la zona de Els Quarts, los vecinos alertaban el pasado verano de la existencia de 40 viviendas okupadas e insistían en que ya no podían más, hartos de los problemas de convivencia que generaban los moradores. Se trata de dos casos recientes de un fenómeno, el de la ocupación ilegal, que preocupa a los ciudadanos y ahora son los últimos datos del Ministerio del Interior los que muestran que el problema crece.

Durante el 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia en Castellón de 204 hechos delictivos relacionados con la okupación, una cifra que incluye tanto los allanamientos de morada (entrar o instalarse en una vivienda sin permiso de sus ocupantes legítimos) como las usurpaciones (ocupar de manera ilegal una vivienda o local que esté deshabitado). Y eso significa que cada semana las fuerzas de seguridad actuaron ante 4 casos de okupación, un 6% más que en 2023.

Pero una cosa son las denuncias que llegan a la policía y otra cómo se resuelven. El año pasado, y siempre según la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, las fuerzas de seguridad esclarecieron 162 de los 204 casos y detuvieron a 57 personas, un 46% más que en 2023. O dicho de otra manera: apenas el 27% de las okupaciones se resuelve con alguna detención.

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Si se analizan los datos de los últimos 14 años, la conclusión es exactamente la misma. Desde el 2010 se han registrado en la provincia 1.656 denuncias por allanamiento o usurpación de vivienda mientras que las detenciones e investigaciones han ascendido a 455.

El récord, en 2022

El fenómeno de la okupación ha sufrido un notable incremento en su evolución anual. Así, en 210 y 2011 se anotaron 29 casos cada años, una cifra que se triplicó en 2014, cuando las denuncias en Castellón ascendieron a 88. A partir de ahí las cifras se mantuvieron más o menos estables hasta que empezaron a dispararse a partir de la pandemia y alcanzaron su récord en 2022, con 302 casos. 

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El Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, suele apelar a la necesidad de no alarmar sobre la problemática de las okupaciones en España e insiste en que los casos más graves de allanamiento de morada son pocos en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías. «No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa», ha llegado a decir el ministro Grande-Marlaska para responder en sede parlamentaria a las críticas. No obstante, el próximo 3 de abril entrará en vigor una ley que agilizará los desahucios de okupas en casos de allanamiento.

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