Un cambio en la normativa obligará a instalar ascensor a centenares de pisos en Castellón

La accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente para una gran parte del parque inmobiliario de Castellón. El Gobierno persigue darle un giro a esta situación y, sobre todo, poner más fácil que las personas con movilidad reducida o mayores no tengan que lidiar con barreras e incluso a veces obstáculos insalvables a la hora de entrar o salir de sus propias viviendas.

El ejecutivo central aprobó este mes el anteproyecto que convertirá en un texto único la ley de Dependencia y la ley de Discapacidad. Un cambio en la legislación que irá más allá y conllevará a su vez la modificación de otras normas, como la ley de Propiedad Horizontal, al reconocer la accesibilidad como un derecho para las personas.

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A la práctica, se exigirá que la realización de obras para falicitar el acceso a los inmuebles, como la instalación de rampas o ascensores, sea obligatoria siempre y cuando un vecino lo solicite. Ahora bien, también se deberán pedir las correspondientes ayudas para ello, obligando a las administraciones con competencias en materia de vivienda a convocar ayudas para este fin y librando a los dueños de los inmuebles a autofinanciar la costosa obra. De hecho, cuando se consiga una ayuda del 70%, se deberán llevar a cabo los trabajos sí o sí.

En el 40% de casas en venta

Castellón en estos momentos cuenta con más de 18.500 ascensores en funcionamiento, tanto en edificios residenciales como de otro tipo. No obstante, existen todavía multitud de bloques de pisos, sobre todo los construidos antes de los años 90, que carecen de esta dotación. Muestra de ello es que de los anuncios activos de viviendas en venta a lo largo de la provincia, apenas el 40% o cuatro de cada diez corresponden a inmuebles con ascensor.

A raíz de ello, fuentes del sector inmobiliario calculan que la medida puede afectar a «centanares» de comunidades de propietarios una vez que entre en vigor, obligándoles a realizar un desembolso importante para las obras, aunque se esperan ayudas.

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Mientras, el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellon, Joaquín García Lombard, apuesta por la «cautela» hasta que se materialice el cambio de la normativa y explica que ahora cuando se abre la posibilidad de instalar un ascensor en un inmueble se encuentran con «reticencias» sobre todo de «vecinos de bajos o de los primeros e incluso segundo pisos», aunque matiza que «cuando hay alguna persona con movilidad reducida o mayor los vecinos suelen entenderlo y atienden la petición». «Al final es una de las obras que más gusta a los vecinos, que más agredecida resulta», considera.

Sobre el coste, cifra el desembolso medio que se necesita para poder instalar un ascensor por encima de los 50.000 euros, aunque es cierto que varía al final según la casuística de cada edificio. 

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