Las empresas de Castellón exhiben músculo al caer a la mitad los concursos

El tejido empresarial de la provincia de Castellón goza cada vez de mejor salud. Las mercantiles que se ven obligadas a bajar la persiana y terminan declarándose en concurso de acreedores ante la falta de viabilidad de su negocio caen drásticamente.

El territorio castellonense contabilizó el año pasado 36 empresas concursadas, prácticamente la mitad que las 70 que tuvieron que afrontar esta situación un año antes. La cifra, de hecho, resulta la más baja del último lustro, según los datos publicados recientemente por el Institut Valencià d’Estadística (IVE), pues en el 2020 se contabilizaron 78 procedimientos, en el 2021 y en el 2023 fueron 70 y en 2022 quedaron en 79.

El informe plasma además que la mayor parte de los concursos contabilizados el año pasado atañen a un mismo sector: el comercio. La venta minorista y mayorista copa 15 de las 36 firmas declaradas en esta situación. Mientras, otras cinco corresponden a la industria manufacturera, cuatro a la hostelería, tres a la construcción y otras tres a las actividades administrativas y auxiliares. Por último, dos concursos están vinculados al transporte y la logística; y las inmobiliarias, las actividades científicas, las sanitarias y otros servicios suman un proceso cada una hasta alcanzar los 36 en total.

Este mismo diario, a lo largo del ejercicio pasado, se hizo eco de algunas declaraciones de concursos de compañías castellonenses. En la hemeroteca consta, por ejemplo, el caso de la energética Bdmed, dedicada a las gasolineras de bajo coste, que activó el proceso al no poder renegociar la deuda que mantenía con las entidades bancarias y los distintos acreedores.

Con pequeñas plantillas

Se da la circunstancia de que la mayor parte de las empresas en concurso cuentan con plantillas reducidas. Según los datos, seis de ellas carecían de asalariados, mientras que otras 14 tenían menos de una decena de trabajadores. Entre las firmas más grandes, por ejemplo, cinco contaban con plantillas de entre 20 y 49 personas, mientras que no se registró ninguna compañía en concurso con más de cincuenta empleados.

El decano presidente del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, explicó que los jueces coinciden en destacar que el 98% de los concursos que se presentan ahora corresponden a personas físicas, mientras que la mayor parte de los jurídicos van encaminadas a la venta de la unidad productiva.

En este sentido, Salvador hizo hincapié en el impacto de la Ley Concursal del 2022, «una reforma estructural de calado del sistema de insolvencia, que quiere ayudar a mantener el tejido empresarial de las empresas que aunque tienen dificultades pueden ser viables».

El representante de los economistas castellonenses sostiene que la modificación normativa que se hizo en su día «tenía como objetivos el favorecer la segunda oportunidad, crear un procedimiento concursal eficiente, impulsar planes de reestructuración partiendo de una doble premisa; la viabilidad de la empresa y evitar el concurso», resaltando que contempla un método especial «para las microempresas con el fin último de mantener la actividad».

Suscríbete para seguir leyendo