Siete de cada diez municipios no tienen el riesgo climático en su plan urbanístico

Investigadores de 15 universidades reunidos en la Universitat de València abogan por «la revisión de todo el planeamiento urbanístico anterior al año 2000 en los municipios del litoral mediterráneo español para adaptarlo a la nueva realidad climática» mediante la elaboración de un decreto-ley que obligue actualizar las normativas urbanísticas de más de 25 años de antigüedad es una de las 82 medidas de adaptación, mitigación, anticipación y regulación del impacto del cambio climático. Los especialistas remitieron esta conclusión al Gobierno, ejecutivos autonómicos y ayuntamientos, tras la primera conferencia científica posdana sobre los devastadores efectos del calentamiento global que se celebró a finales de enero y que engloba a la provincia de Castellón entre sus resultados.

Esto obligaría a revisar el planeamiento urbanístico del 71 % de los municipios: 96 de un total de 135. La memoria del Patricova de 2013 calculaba que 600.000 valencianos vivían en zonas inundables, de los cuales más de 182.000 ocupaban áreas con una peligrosidad muy alta o alta. Aplicando a la provincia esta estimación y sumándole el incremento de la población de los últimos años, en estos momentos en Castellón serían 111.000 las personas que habitan áreas con peligro de inundación, 5.000 de ellas en zonas muy expuestas.

Actualización del planeamiento

Esta llamada a la actualización del planeamiento urbanístico la hizo el grupo de especialistas en eventos extremos y gestión integral del riesgo, liderado por el catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, un referente nacional del ramo. «No se trata de una revisión total de su planeamiento, pero sí de que incorporen el Informe de Sostenibilidad Ambiental que se incluye en el artículo 22 de la Ley del Suelo de 2015, contemplando, un mapa de todos los riesgos naturales existentes en el municipio. Y que sean mapas de riesgo, no de peligrosidad», dijo.

Olcina ve que «si del resultado del informe de sostenibilidad ambiental y de la cartografía de riesgo se muestra que algunas zonas clasificadas como urbanizables ocupan áreas de elevado riesgo, ello debe suponer la desclasificación inmediata de estos espacios para uso urbano o para equipamientos críticos como colegios o centros de salud».

 Para el geógrafo, los dos pilares de la «vulnerabilidad institucional» en el litoral mediterráneo son «la antigüedad del planeamiento urbanístico y la mala interpretación de lo que es un mapa de riesgo (...). La ausencia de cartografía real de riesgo en la planificación urbanística, pues lo que presentan son mapas de peligrosidad, básicamente de inundación». Un mapa de peligrosidad no tiene que ver con uno de riesgos para Olcina: «El riesgo es más que la mera peligrosidad natural, debe incluir parámetros de ocupación del suelo, población residente, actividades económicas, aspectos patrimoniales… Y estos mapas deben adaptarse, además, a la modelización climática existente».

Por esta razón, «al no tener mapas de riesgos naturales, todos los planes urbanísticos anteriores al 2000, hoy por hoy, no nos sirven desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático y a los eventos extremos, y tampoco están realizados bajo principios de sostenibilidad ambiental ni incorporan preceptos de reducción de los riesgos naturales».

Normativas de hace décadas

De los 96 municipios castellonenses con planes urbanísticos anteriores al año 2000, en el 75% de ellos las normativas tienen más de tres décadas y son anteriores a 1995, año del inicio del boom inmobiliario. Fue durante estos 13 años, según Olcina, «cuando más creció el riesgo de inundación en municipios» afectados por la dana de octubre. Entre los municipios con un planeamiento anterior a 2000 están Vila-real, la Vall d’Uixó, Onda, AlmassoraNulesBenicarlóMorella y Segorbe, entre otros. De los 39 municipios con planificación urbanística posterior al año 2000, únicamente 26 son de después de 2008, tras la primera ley del suelo estatal que obliga a incluir mapas de riesgo.

De las 15 ciudades de la Comunitat con más de 50.000 habitantes, solo dos tienen planes generales posteriores al año 2000, y una de ellas es Castelló (2021).

Y sobre por qué no es suficiente el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), Olcina cree que «hay que actualizar la modelización al cambio climático. Hay que ir a la máxima seguridad posible a la hora de establecer los niveles de riesgo»