Los educadores sociales de Castellón alzan la voz: «Trabajamos en precario»
Conmocionados por el asesinato de una compañera en Badajoz, los 200 profesionales de la provincia piden más medios y unas mejores condiciones laborales
Un adolescente en un centro de menores, en una imagen de archivo. / Mediterráneo
El asesinato de una educadora social en un piso tutelado en Badajoz presuntamente a cargo de tres menores ha conmocionado a todo el país y ha encendido las alarmas de colegios profesionales y sindicatos. «Trabajamos a pecho descubierto, dándolo todo, pero sin los recursos necesarios para hacerlo con seguridad», asegura Gilbert García, vicepresidente por Castellón del Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV).
En la provincia son algo más de 200 los profesionales colegiados, la inmensa mayoría mujeres, y aunque trabajan en áreas tan diversas como la salud mental, la discapacidad, la atención a menores o las adicciones, el foco de atención se centra en las condiciones laborales de los que ejercen su profesión en centros que atienden a menores y adolescentes. «Es imprescindible aumentar las ratios de atención para garantizar un servicio de calidad. Exigimos un ratio de tres niños, niñas y adolescentes (NNA) por cada profesional», reclama García.
En la Comunitat no existe el recurso de pisos tutelados, pero sí hay decenas de miniresidencias donde se atiende a menores y adolescentes. «En Castellón hay 16 centros y se dividen en dos tipos: los que acogen a menores en situación de desamparo y los centros para la ejecución de medidas judiciales de internamiento. En cada uno de ellos suelen convivir entre 10 y 12 menores», describe el vicepresidente del COEESCV.
Los trabajadores sociales defienden que no se debe permitir que ninguna profesional desempeñe su labor en solitario, algo que sucede con mucha frecuencia. «Se dan casos en los que los menores salen de excursión y una sola trabajadora se encarga de seis niños o adolescentes y eso no puede ser», defiende García que reivindica más medios humanos y menores condiciones laborales para el colectivo. «Muchos este estos centros se han privatizado y es necesario un debate profundo sobre cómo la precarización y la privatización del sector pueden afectar a la calidad de la atención a la infancia y adolescencia, así como a las condiciones laborales de los profesionales», sentencia mientras insiste en que el crimen de Badajoz se podría haber evitado si la administración hubiera tomado otras decisiones.
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