El colapso judicial centra el plan de los candidatos a presidente de la Audiencia de Castellón

Los tres magistrados candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Castellón los próximos cinco años (Javier Altares, Sofía Díaz e Inmaculada Gonell) han presentado ya sus respectivos proyectos ante el Consejo General del Poder Judicial y próximamente será el turno de que los expongan ante la comisión de calificación (aún sin fecha).

Como ha podido comprobar Mediterráneo, el más extenso de los tres programas es, sin duda, el de Sofía Díaz, quien fuera jueza decana de los juzgados de Castellón y Vinaròs. En un documento con una extensión de 36 folios, hace un repaso a la actividad y las necesidades de cada uno de los partidos judiciales de la provincia.

Propuestas de Díaz

Asimismo, incide en la necesidad de modernizar la justicia, analiza el funcionamiento de la oficina de asistencia a las víctimas de violencia de género y también del Registro Civil (no presta función jurisdiccional, pero se encuentra en el edificio de la Ciudad de la Justicia). Este último servicio, como bien refleja Díaz en su proyecto y viene denunciado este periódico, presenta deficiencias como la falta de citas para atender la demanda de los ciudadanos (de expedientes de matrimonio, especialmente), lo que ha generado un gran malestar entre la sociedad castellonense por las esperas y la falta de soluciones al problema.

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La candidata Sofía Díaz, quien dejó el cargo de jueza decana cuando obtuvo una plaza en la sección tercera de la Audiencia Provincial, hace un repaso en su extenso proyecto a la sobrecarga que sufren los distintos partidos judiciales de Castellón. Tilda de «evidente» la carga de las secciones tercera y cuarta, para las que pide crear una nueva plaza de magistrado. En las secciones primera y segunda, aunque observa que se superan los módulos de entrada (300 asuntos por magistrado al año), no lo considera porcentajes de trabajo excesivos. 

Por lo que respecta a Primera Instancia, Familia y Mercantil dice que todos ellos superan excesivamente la carga de trabajo, siendo especialmente delicada la situación del único juzgado de lo Mercantil (la reclamación para la puesta en marcha de un segundo órgano en esta materia es recurrente entre abogados y procuradores). Díaz también referencia la situación de Primera Instancia 6 de Castellón (especializado en cláusulas suelo), con una «desorbitada entrada de asuntos». También en Segorbe señala que se excede «en mucho» la carga soportable en materia civil, mientras que para Vinaròs reclama crear una plaza de juez y dos, en el caso del partido judicial de Nules. 

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Por lo que respecta a la transparencia, la exdecana quiere mejorarla, así como combatir el desprestigio de la Justicia. En otro orden de cosas, Díaz quiere atajar las quejas por las largas esperas en los juzgados e intentar que la duración de los juicios sea «más realista».

Por lo que respecta al sistema Just@CV, evidencia los problemas en su implantación por deficiencias y «caídas» y se compromete a exigir una implantación eficaz y la resolución de las incidencias.

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Plan de Gonell

Por su parte, Inmaculada Gonell, quien fuera decana en los juzgados de Nules, ha presentado un documento de cinco páginas, en el que aborda las necesidades de una provincia que conoce bien al haberle dedicado 20 de sus 23 años en la carrera judicial. Gonell aboga por fomentar la especialización en cooperación judicial internacional, impulsar la utilización del expediente digital y acercar la administración de Justicia a la sociedad. 

En su propuesta, prevé iniciar un mandato basado en la «escucha activa, dialogante y proactiva para con todas las jurisdicciones».

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La aspirante Inmaculada Gonell señala en su propuesta de actuación, si sale elegida presidenta de la Audiencia, propone una «adecuada formación» en el marco del proceso de implantación del nuevo sistema de gestión procesal, Just@CV. Por ello, solicita asistencia técnica para que la fase de transición del papel al digital no suponga «una merma en la salud laboral de los jueces». En otro orden de cosas, propone fomentar la especialización dentro de las secciones de la Audiencia, dentro del potencial que ofrece la nueva organización judicial. Asimismo, plantea la importancia de conseguir un sistema ágil de conformidades en el ámbito penal, para lo que sería esencial la colaboración entre todos los juzgados y Fiscalía. 

Gonell incide en su proyecto en la necesidad de impulsar el diálogo con los colegios profesionales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y otros agentes vinculados al sistema de Justicia, desde una perspectiva «dialogante» que permita proyectar una imagen de la Justicia «moderna» y «transparente».

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Programa de Altares

Por lo que respecta a Altares, el único varón que se postula al cargo, su proyecto es el más breve. En tres páginas, analiza la adaptación de la organización de la administración de Justicia a la Ley 1/2025 del 2 de enero, la mejora de la situación de aquellos órganos judiciales que sufren un mayor retraso en la provincia, la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema judicial y plantea dos objetivos concretos en relación a la mejora de medios técnicos: que todos los partidos judiciales cuenten con una cámara Gesell y mejorar la traducción en los juicios orales cuando los acusados hablan una lengua extranjera. 

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El magistrado de la sección segunda de la Audiencia, Javier Altares, señala en su proyecto que el partido judicial de Nules es «el más problemático por lo que respecta a retrasos», aunque asegura que no podría determinar con certeza las causas (quizás la poca estabilidad en el destino de los jueces, apunta). También hace alusión al Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Vila-real (con competencia en tres de los cinco partidos de la provincia (Vila-real, Segorbe y Nules) y advierte «un número de asuntos importante», temiendo que esta situación se complique con el aumento de competencias de la nueva ley en este tipo de órganos. 

Por lo que respecta a la jurisdicción civil, señala que el elevado número de asuntos se traduce en unos tiempos de espera «más prolongados de lo deseable». En Castellón, advierte Altares, el trabajo de los jueces se sitúa entorno a un 40% más del que les correspondería. Por lo que respecta a la Audiencia, indica que en la sección tercera la tradanza en el señalamiento de asuntos llega a dos añis y cinco meses.

Año y medio de interinidad

Desde que José Manuel Marco se jubilara en octubre del 2023, es el presidente de la sección primera de la Audiencia y expresidente entre 2003 y 2013, Carlos Domínguez, quien ocupa la presidencia en funciones. El bloqueo del CGPJ durante cinco años y medio impidió decenas de nombramientos que ahora han comenzado.

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