La ley de bienestar animal pone en jaque a las 450 granjas de cerdos de Castellón

El porcino es la joya de la corona de la ganadería de Castellón. Casi 450 explotaciones repartidas por toda la geografía provincial (les Coves de Vinromà, Morella o Vall d’Alba concentran buena parte de las granjas), 640. 782 cerdos y 7.066 toneladas en canal de ganado sacrificado en los mataderos dan cuenta del potencial de un sector que se enfrenta a un nuevo desafío que puede poner en riesgo la viabilidad de algunas explotaciones.

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La ley de bienestar animal, una normativa que viene de Europa y que ha adoptado el Gobierno, implicará sí o sí inversiones millonarias para un sector que lleva años realizando importantes esfuerzos para adaptarse a los cambios legislativos y que más pronto que tarde se verá obligado a realizar modificaciones en sus granjas para aumentar el espacio disponible por cada animal. De hecho, la mayoría solo va a tener dos opciones: o ampliar sus instalaciones, con el coste que ello supone, o reducir el número de animales, lo que provocará una merma en sus ingresos.

Aunque en un principio el plazo establecido para cumplir las nuevas exigencias que marca el Real Decreto 159/2023 era de dos años, lo que implicaba que el sector debía cumplirlas a partir del pasado 9 de marzo, finalmente y gracias a la presión de las organizaciones agrarias y ganaderas, el Ministerio ha optado por establecer una moratoria de un año (tendrán que adaptarse a la nueva legislación, como muy tarde, en marzo del 2026) y ha abierto un periodo de consultas para que los ganaderos puedan presentar propuestas.

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La disposición regula el espacio que debe disponer un animal en la explotación. Las cifras van de 0,2 metros para un animal con menos de 10 kilos hasta 1,3 metros para los cerdos que superen los 130 kilos, pasando, por ejemplo, por 0,65 para uno de entre 50 y 60 kilos . También se prevé que cada explotación tenga su propio plan de bienestar animal y mejoras en la ventilación y la iluminación de las granjas.

Los juguetes para los animales, en el centro del debate

Francis Ferreres, responsable técnico de ganadería de la Unió Llauradora, defiende que el sector está por la labor de invertir y mejorar en bienestar animal, pero para ello quienes legislan deben hacerlo con conocimiento de causa. «Lo que no puede ser es que se redacten unas leyes que nadie puede cumplir. Aquí nadie pone en duda la defensa del bienestar animal. Es irrenunciable, pero tiene que haber un equilibrio», explica.

El sector confía en que la negociación con el Ministerio dé sus frutos más pronto que tarde y el principal punto de fricción está en la cantidad de 'juguetes' que habrá que introducir en las cuadras para que los animales se entretengan. «La cifra que propone la administración es inaceptable y estamos trabajando para que la revise a la baja», relata Ferreres, que avisa que habrá movilizaciones si, finalmente, el Gobierno no consensúa las medidas con el sector. 

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