Diputación urge a Sánchez los 221 millones que 'debe' a Castellón en impuestos
El pleno reitera la demanda al Gobierno central de una distribución "más justa de los recursos estatales" y da luz verde a pedir una modificación en el registro de viajeros que no lastre el turismo de Castellón
Compromís y PSPV condenan el acoso laboral en el Hospital Provincial

Marta Barrachina, entre Mª Ángeles Pallarés y Andrés Martínez, en el pleno.- / Erik Pradas
La Diputación de Castellón ha reiterado este martes en su sesión plenaria su demanda al Gobierno central para lograr una distribución más justa de los recursos estatales. La moción impulsada por la coalición PP y Vox urge al Gobierno de España a adoptar medidas que permitan a los gobiernos locales recibir las entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado.
A través de la moción, que ha contado con los votos en contra del PSOE y Compromís y ha sido aprobada por mayoría por los socios de gobierno, la institución provincial recuerda que la provincia de Castellón se ha convertido en una de las provincias donde más ha crecido la recaudación fiscal en los dos últimos años. Sin embargo, este incremento de recursos no se ha visto reflejado en la financiación local y el Gobierno ha disminuido la financiación a los ayuntamientos a través de las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) con respecto a 2024. Dicen que, "actualmente, Pedro Sánchez, el poeta de los whatsapps, y su gobierno deben 221 millones de euros a nuestros municipios y, de ese dinero que se adeuda, en el caso de la Diputación son más de 105 millones de euros los que se están perdiendo desde el 2023 hasta abril del 2025", según el vicepresidente económico, Héctor Folgado.

Votación de la moción de petición a Sánchez de la deuda por los impuestos. / Javier Vilar
Distribución más justa
Con todo, la Diputación insta al Gobierno de España a que apruebe "una serie de medidas que deriven en una distribución más justa de los recursos estatales que ayude a nuestros municipios a prestar mejores servicios públicos de calidad a la ciudadanía". En ese sentido, se instará al Gobierno de España a incrementar la participación en los ingresos del Estado (PIE) para las entidades locales de la provincia de Castellón en la misma proporción que ha crecido la recaudación del Estado en la provincia, además de instar al Gobierno de España a realizar el pago de las cantidades adeudadas a las entidades locales de la provincia de Castellón.
Asimismo, desde la institución provincial reiteran la solicitud de reunión de la presidenta Marta Barrachina con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar esta problemática.
Desde Vox, que ha votado a favor de la moción, Luciano Ferrer, pidió a Sánchez que "apruebe ya los Presupuestos generales del Estado antes de junio o se vaya", recomendando al PP que "inste al PSOE a que corra, o exija responsabilidades".
La oposición, "perpleja" del "doble rasero"
María Fajardo, desde Compromís, ha señalado su "perplejidad ante la propuesta del PP para que el gobierno del Estado haga llegar de manera urgente los mayores ingresos ributarios a los ayuntamientos y ciudades". "Compartimos la necesidad que los municipios tengan más recursos, pero no podemos obviar la realidad jurídica y presupuestaria que tenemos delante, pero es, como mínimo, incoherente —por no decir un camelo— exigir en el gobierno del Estado aquello que la misma Diputación no ha hecho: consignar fondo sin tener todavía los presupuestos aprobados o los ingresos disponibles. Lo hemos visto con los fondos de cooperación, que no se han asignado hasta que no se han podido utilizar los remanents. Por lo tanto, exigimos un poco de coherencia y honestidad política". "No se trata de hacer postureo, sino de trabajar para dotar de recursos reales nuestros municipios. Y por eso, el que hace falta a Madrid —y también aquí a la Diputación— es que se aprueban los presupuestos".
Folgado, en la réplica, le ha dicho que "lo que nos debe y nos está negando el Gobierno es como 14 fondos de cooperación". Y puso como ejemplo que, la suma de lo que le debe a l'Alcora, Càlig, Vila-real, Morella, Almassora, entre otros municipios a los que ustedes representan -refiriéndose a la banca socialista y de Compromís- suma 71,3 millones, que no llegan a sus ciudadanos".
La socialista Ruth Sanz ha destacado "la doble moral" del PP, de votar diferente en el Congreso y en la Diputación", y ha reclamado a los populares que votaran en el Congreso de los Diputados una merma para los 135 municipios de la provincia", tras lo cual ha solicitado a la Intervención provincial un "informe sobre estos fondos a cuenta".

Protesta en el pleno de los Bomberos. / Victoria Pitarch
Contra el transfuguismo
El plenario ha desestimado por mayoría con los votos del PP la moción de Compromís para reivindicar los pactos antitgransfuguismo y la lealtad de la voluntad popular. El portavoz nacionalista, David Guardiola, ha puesto el foco en el último caso en la provincia. "En Almassora se ha instalado, por gentileza de la alcaldía -y la bendición o no, ahora lo sabremos, de la señora Barrachina-, un circo político improvitzat pero muy caro por la ciudadanía. Caro en sueldos y en consecuencias. Un espectáculo que ha hecho saltar por los aires la estabilidad del ayuntamiento, a causa de la irresponsabilidad del PP, ya se lo advertimos señora Tormo, por haber pactado con ultras. Una actuación dónde, un PP en minoría hace de equilibrista entre una ultra desaforada y dos tránsfugas aprovechados". "Y por eso hemos traido esta moción aquí. Para dar la oportunidad al PP provincial de dejar claro si quiere parar por los pies al transfugisme o no. Y digo parar los pies al transfuguismo, porque fomenta tanto el transfuguismo quien traiciona sus votantes", ha dicho.
Luciano Ferrer, de Vox, que ha votado a favor de la moción "porque somos más democráticos de ustedes". "Vox no va a gobernar con tránsfugas, no queremos traidores, porque, aunque las actas son personales, han sido elegidos bajo unas siglas que les han dado su escaño: alentar el transfuguismo es alentar la corrupción", ha dicho.
El portavoz socialista, ha especificado que "el PSOE firmó el pacto antitransfuguismo, con una ley que lo regula y hay que cumplir con ese pacto".
El popular Iván Sánchez ha puesto el foco en el "teatro institucional", porque es "Vox el que se ha ido del gobierno de Almassora, no el PP, pero Compromís quiere ganar en los despachos lo que no ha ganado en las urnas", y después, se ha girado hacia el PSPV, señalando casos en 2023 también en Almassora, cuando gobernaban los socialistas; o en la Vilavella o les Coves.

Imagen del pleno provincial. / Victoria Pitarch
Modificar el registro de viajeros
Por otro lado, el pleno ordinario ha aprobado una moción para exigir al Gobierno de España una modificación de la regulación del nuevo Registro de Viajeros. Así, a través de la moción, que ha sido aprobada por el Gobierno Provincial, Compromís y Vox, y el voto en contra del PSOE, se instará al Gobierno de España a abrir un proceso de diálogo con el sector turístico para cambiar el nuevo registro, enmarcado en el Real Decreto 933/2021, y que entró en vigor el 2 de diciembre de 2024, y que afecta al registro de viajeros en el hospedaje y el alquiler de vehículos a motor, "con la petición de hasta 42 datos al viajero que, mucho, podrían atentar contra la ley de protecciónd e datos". Como ha expresado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, “la moción está redactada conjuntamente con el sector para que se reflejen sus demandas”.
Así, a través de la moción se exigirá al Gobierno Central que, tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados, dicte las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas, facilitando en todo caso la aplicación de un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, al mismo tiempo que aportando plenas garantías jurídicas a todos los actores de la cadena de valor turístico obligados a su cumplimiento.
Más plazos para el Plan Impulsa
El consenso de todo el plenario ha estado presente en la aprobación de la modificación de la ordenanza del Plan Impulsa, por la que se amplía el plazo de adjudicación y justificación de las obras. Con esta modificación se da más margen a los ayuntamientos para poder gestionar sus proyectos y garantizar que las obras se puedan llevar a cabo con éxito. Para el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, “esta modificación se ha planteado para seguir con la filosofía del Plan Impulsa para dar respuesta y atender a las demandas de los municipio”. De esta forma, el plazo de adjudicación de las obras se traslada del 30 de mayo de 2025 al 31 de julio del mismo año, mientras que el de justificación pasa del 30 de octubre al 28 de noviembre de 2025.

Funcionarios y personal del Provincial, en la protesta durante el pleno. / Victoria Pitarch
El Hospital Provincial, de nuevo
Un pleno más, el Hospital Provincial de Castellón fue protagonista. En el ordinario correspondiente al mes de mayo, Compromís ha presentado una moción para "condenar el acoso a los trabajadores" tras los incidentes al colgar una pancarta con el lema "Mazón dimisión" en el árbol de Navidad del centro las pasadas fiestas.
Y, mientras en la sala, una decena de funcionarios y personal del centro exhibían 'papelitos' con escritos como 'No a los 34 despidos', 'Faltan facultativos especialistas en Cardiología, Dermatología y Radiodiagnóstico" o '-despidos y +personal', Compromís y PSOE han visibilizado a golpe de titular de prensa las carencias y denuncias del personal del centro, mostrando su "apoyo" a los sindicalistas afectados por la "purga" del Consorcio, y personalizando en el diputado delegado, Sergio Tolego, sus críticas.
El socialista José Luis López ha dicho que "el que fuera el buque insignia de la sanidad provincial es un escándalo continuo" y las actuaciones de su dirección "ponen en riesgo el principio de libertad de expresión", preguntando "el coste" del asesoramiento legal externo para las denuncias interpuestas, "pagado por todos los castellonenses", mientras "crecen las listas de espera, imponen el miedo entre los trabajadores como en las pasadas épocas oscuras, sólo para salvar al soldado Mazón por encima de todo".
Toledo, por su parte, ha explicado que "los despidos empezaron con los socialistas y ahora hay una sentencia judicial". "Ha sido una acción política articulada, una maniobra política de Compromís, que sin las críticas a Mazón no tendrían discurso". Y ha pedido "sacar el Hospital Provincial de la política para recuperar los niveles reputacionales", ha dicho.
Adiós a cuatro plantas de purines
El pleno ha arrancado con cuatro dictámenes para la aprobación definitiva de la desafectación del dominio público demanial de la Diputación del inventario provincial de las plantas de tratamiento de purines de Albocàsser, Sant Mateu, Vall d'Alba y la Todolella, que ha generado el primer debate.
Mientras la socialista María Jiménez ha apostado "por darle a estas instalaciones otros usos para beneficio de sus municipios", tras señalar que "nunca encontrarán al PSOE para malvender el patrimonio de todos los castellonenses"; el diputado popular Ximo Llopis ha acusado a los socialistas de "ir en contra de generar oportunidades para los municipios, generando empleo en las comarcas", recriminando al PSPV que "no hizo nada por las plantas".
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