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Diez años de la 'ley mordaza': Más de 42.000 sanciones y 24 millones de euros recaudados en Castellón

Los ingresos diarios por estas multas, desde la entrada en vigor de la legislación, superan los 6.600 euros al día y la media de sanciones es de 11,5

Imagen de archivo de una concentración en Castelló contra la 'ley mordaza'.

Imagen de archivo de una concentración en Castelló contra la 'ley mordaza'. / Manolo Nebot

Iván Fernández

Iván Fernández

A pesar de los distintos intentos para su derogación o su reforma, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, ya ha superado los diez años de vigencia desde que se aprobara el 1 de julio de 2015.

Surgida como respuesta institucional al auge del 15M, nació con la intención de ser un escudo frente al desorden y ha servido para sancionar la protesta ciudadana, aunque también ha multado el consumo en la calle de cannabis u otras sustancias en la calle, faltar al respeto a la autoridad competente o negarse a identificarse.

En esta década, a través de las infracciones detectadas en Castellón, se recaudó 24,3 millones de euros. Esta cantidad se consiguió mediante un total de 42.193 sanciones impuestas en la provincia a lo largo de esta década, según los datos registrados por el Ministerio de Interior en estos años.

La llamada ley mordaza, desde 2015 hasta 2024, generó un total de 11,5 sanciones diarias. Además, a diario, supuso unos ingresos al estado de 6.656 euros en la provincia. En el caso de 2024, la cifra diaria de infracciones fue de 8,03, al detectarse 2.931 durante todo el año. Un descenso llamativo, en relación con la media de esta década.

Por su parte, en el aspecto económico, la cuantía de las multas ascendió el año pasado a 1,73 millones de euros, una media diaria de 4.762,9 euros. Sin embargo, se produjo un descenso del 14,7% en el número de multas en comparación con 2023, cuando el número fue de 3.438 y la recaudación alcanzó los 2,01 millones de euros.

Dentro de esta década de vigencia de la normativa, se evidencia la relevancia que tuvo la pandemia de covid en la imposición de estas sanciones. Fue 2020 el año en el que se contabilizaron más multas, con un total de 8.736, lo que disparó la cuantía recogida por estas infracciones hasta casi 6,2 millones euros.

Por detrás, aparecen el año 2019, donde se registraron 6.127 multas y se recaudaron 3,69 millones de euros, y 2018, en el que las sanciones fueron 5.952 y la cuantía llegó a los 3,65 millones.

En el lado contrario, fueron 2021 y 2022 los periodos en los que menos multas se consolidaron. Solo se sancionaron, en el primer caso, 2.236 comportamientos castigados por esta ley y el coste de estas infracciones ascendió a 1,1 millones de euros. Fueron 1,2 millones de euros en 2022 donde se impusieron 2.391 sanciones.

Más de 2 millones

En el ámbito nacional, la tendencia en el número de multas fue al alza en los últimos años. En 2024, se impusieron 327.761 en toda España, un 15,2% en comparación con 2023 cuando fueron 284.512. La década dejó un total de 2,48 millones de multas en el estado, lo que supuso casi 1.500 millones de euros de cuantía en sanciones.

Aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, coincidió con un periodo de fuerte movilización, tras la crisis económica de 2008 y las protestas ciudadanas de 2011, que desembocaron en la creación de Podemos en 2014.

La ley mordaza castiga desde concentraciones no comunicadas, la toma de imágenes de agentes en actos públicos o las faltas de respeto a la autoridad. La mayoría de las sanciones son leves, aunque pueden llegar a alcanzar los 30.000 euros en los casos más graves.

Esta ley ha vivido numerosas críticas, por parte organismo internacionales, juristas o colectivos sociales, que consideran que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión. Además, aunque desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido la derogación o modificaciones en este documento, los tres intentos legislativos fracasaron, siguen vigentes artículos como los de las devoluciones en caliente y la ley se ha fortalecido como un importante instrumento de control ciudadano.

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