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Los precios del alquiler juegan en contra de las víctimas de violencia machista en Castellón

El aumento de los arrendamientos, que ya va por el 6,9% en el último año, se convierte en un obstáculo añadido a la hora de huir del agresor

Una manifestación feminista de hace dos años en Castelló.

Una manifestación feminista de hace dos años en Castelló. / Toni Losas

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Si alquilar una vivienda ya es complicado teniendo una situación económica estable a causa de los precios imparables de los arrendamientos (un 6,9% en el último año en Castellón), ¿cómo debe ser para una mujer que ha sido víctima de maltrato por parte de su pareja y al fin ha conseguido salir de esa relación? Las mujeres que han sufrido la violencia machista en sus carnes se enfrentan a una compleja situación en ese momento: han logrado escapar de una situación terrible, pero... ¿A dónde ir?

«La oferta de pisos destinados a la protección es insuficiente. Por tanto, a las mujeres, además del maltrato se les suma la violencia económica», afirma en conversación con Mediterráneo la portavoz de la Coordinadora Feminista de Castelló, Mari Carmen Díaz.

Escasez de viviendas protegidas

La escasez de alternativas habitacionales protegidas por la administración, unida a la inviabilidad de estar por siempre de regreso en casa de algún familiar, ponen en jaque a este colectivo vulnerable.

Según critica Díaz, los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género «deberían utilizarse en cuestiones importantes como esta, y no tanto en merchandising o pulseras». La portavoz de la Coordinadora Feminista también lamenta que la Generalitat Valenciana «haya hecho un gran recorte en servicios sociales» y que tampoco ayuda que «sus socios de gobierno»sean «negacionistas de la violencia de género».

Las mujeres agredidas que se liberan del yugo de su agresor, han llegado a ese punto, a veces, después de renunciar a un desarrollo profesional en sus vidas, en favor de sus maridos o parejas, que trabajaban mientras ellas trabajaban en la casa, sin remuneración a pesar de cargar a sus espaldas con el peso que supone llevar adelante a los niños y niñas de la familia y las tareas de la propia vivienda.

A cargo de los cuidados y con peores trabajos

«Por el hecho de ser mujeres, hemos de encargarnos de los ciudados familiares. Eso, a veces, obliga a dejar el trabajo por la crianza de las criaturas y el cuidado de personas mayores a nuestro cargo», enfatiza Díaz al respecto.

En ese contexto, cuando llega la violencia machista a sus vidas, las víctimas sin trabajo ni ahorros a los que agarrarse están vendidas desde el punto de vista de una solución habitacional. «Todo eso hace que muchos casos la dependencia económica de la pareja haga que muchas mujeres no puedan emanciparse», subraya Díaz, quien añade además que a veces ni siquiera se atreven «a denunciar para no estar desprotegidas ellas y sus hijas e hijos».

No irse, más peligroso

Esa cuestión también puede provocar que esas mujeres se queden un tiempo extra muy peligroso en la relación de maltrato, con riesgo para sus vidas. «Las instituciones deberían hacer más esfuerzos para ampliar la oferta de lugares donde puedan vivir las mujeres víctimas de violencia de género, pero no es así», indica.

La concejala de Compromís en Castelló Vera Bou considera que «se debería legislar para que las mujeres, tanto aquellas que empiezan una sentencia de divorcio o separación con hijos a su cargo, tengan proridad» a la hora de acceder a la vivienda. «Tiene que haber una discriminación positiva en vivienda social, priorizando su acceso, ya que a las mujeres en general cuesta más tener sueldos dignos», especifica Bou.

Hacer números

Con una mano delante y otra detrás, en la calle, sin atravesar un buen momento a nivel mental y con un mercado del alquiler en el que apenas hay ofertas por debajo de los 600 euros... La salida es muy complicada, cuando las acciones institucionales tardan en hacerse efectivas, con la burocracia apareciendo nuevamente como traba.

Mientras tanto, los alquileres siguen en aumento y la variación interanual hasta octubre ya es del 6,9%. En los últimos cinco años la subida ya es del 56,5%, lo cual ha supuesto que la vulnerabilidad de las víctimas sea mayor que hace un lustro.

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