Transportes adjudica por 20 millones la conservación de la AP-7 en Castellón
Los trabajos van a tener una duración inicial de tres años, afectarán a los 124 kilómetros de la autopista e incluyen la rehabilitación del firme en Nules y Moncofa

Imagen de un tramo de la autopista AP-7 a su paso por Castellón, un vial que soporta a diario un gran densidad de tráfico. / MANOLO NEBOT ROCHERA
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 19,9 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Castellón. La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
El contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
En concreto, los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de los 124,200 kilómetros de la AP-7 que cruzan en su totalidad la provincia, entre los kilómetros 346,800 (límite provincial con Tarragona, a la altura de Vinaròs) y 471 (límite con la provincia de Valencia, entre Almenara y Sagunto).
Junto a estos trabajos de conservación, el contrato incluye la rehabilitación superficial de firme de varios tramos de la autopista AP-7, entre los km 450,540 y 455,760, en la calzada derecha, en los términos de Nules y Moncofa.
Compensación de la huella de carbono
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.
De este modo, la empresa adjudicataria se comprometea presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
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