La inspección destapa en un año 825 empleos ‘en B’ en Castellón y hace fijos a 2.242 trabajadores

La lucha contra la economía sumergida sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla de la Inspección de Trabajo. Empleos puntuales sin alta en la Seguridad Social, trabajadoras de hogar sin contrato laboral, profesionales inmigrantes sin permiso laboral... por mucho que pasen los años y por mucho que la Administración apriete las tuercas, la realidad es que el trabajo en B sigue estando muy presente en Castellón. Y como muestra el empleo sumergido aflorado. En el último año, los inspectores han sacado a la luz en la provincia 825 puestos de trabajo irregulares y ocultos. O dicho de una manera más gráfico: 69 al mes, 17 cada semana.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz acaba de hacer público el balance de la Inspección del 2024 y durante todo ese año se realizaron en Castellón 14.306 actuaciones, un 27% más que el año anterior, mientras que la cifra de infracciones también se disparó y pasó de 850 a 1.573. Fruto de todo esto, los empresarios denunciados se vieron obligados a pagar 6,6 millones de euros en sanciones, una cantidad a la que hay que sumar otros 13,3 millones que tuvieron que abonar por los expedientes liquidatorios que se abrieron para recuperar las cuotas impagadas.

Más de 5.000 actuaciones

De entre todos los tipos de fraude laboral, la inspección actuó sobre todo en la lucha contra la economía sumergida. En este apartado, se realizaron 5.320 actuaciones y se detectaron 535 infracciones que permitieron dar de alta a 825 trabajadores que se encontraban sin contrato. Se trata, no obstante, de una cantidad inferior a la de ejercicios anteriores, ya que, por ejemplo, en 2018 la inspección llegó a aflorar casi 2.000 empleos irregulares en la provincia.

Otro de los aspectos en los que incidió la autoridad laboral fue en la lucha contra el fraude en la contratación, sobre todo, por el uso de la temporalidad sin causa justificada y la infradeclaración de horas en contratos a tiempo parcial. Unas dinámicas que permiten a las empresas reducir costes salariales y también de cotización, pero a costa de precarizar las condiciones de sus plantillas.

En Castellón, y siempre según los datos de la inspección, se descubrieron muchos más casos de contrataciones fraudulentas y Trabajo obligó a transformar casi 3.200 contratos. El mayor volumen de irregularidades se detectó en el uso de la figura del fijo discontinuo, donde se obligó a cambiar la situación de 1.450 profesionales de la provincia para convertirlos en indefinidos ordinarios.

Junto a los anteriores, la inspección también obligó a convertir en fijos a 792 asalariados de la provincia que tenían contratos temporales sin cumplir con los requisitos necesarios para ello, unas actuaciones que tienen mucho que ver con la última reforma laboral, que estableció el indefinido como el contrato por defecto. En total, y gracias a la labor inspectora, 2.242 profesionales han pasado a tener un contrato indefinido.

20 horas que son 30 ó 40

Aunque la conversión de fijos discontinuos y temporales fue la más numerosa, el aumento más significativo se produjo en los contratos con jornada a tiempo parcial. La inspección corrigió la situación de 905 trabajadores de Castellón (543 mujeres y 362 hombres) cuya jornada real superaba con claridad la recogida en sus contratos. Es decir, en teoría debían trabajar 20 horas a la semana, pero en la práctica su jornada era de 30 ó incluso 40 horas. «Esta fórmula permite a las empresas reducir costes en cotizaciones y salarios y se ha convertido en una de las prácticas más señaladas en sectores con alta rotación y picos de actividad», explican los sindicatos.

Además de perseguir el fraude en la contratación laboral y el empleo en negro, la Inspección de Trabajo también investigó 128 accidentes laborales en la provincia, de los que 11 resultaron mortales y 55 graves. Fruto de todas esas pesquisas levantaron 76 actas de infracción e impusieron a las empresas responsables sanciones por valor de 353.739 euros.

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