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Las solicitudes de grado de discapacidad en Castellón acumulan hasta dos años de espera para resolverse

El Síndic y las asociaciones de Castellón constatan retrasos pese a los reiterados anuncios de mejoras

Imagen de archivo de una persona con un vehículo para facilitar la movilidad

Imagen de archivo de una persona con un vehículo para facilitar la movilidad / PILAR CORTES

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Las vidas en pausa. Así describen muchas familias de Castellón su día a día mientras aguardan la resolución del grado de discapacidad, un trámite que debería abrir puertas —a recursos, apoyos, empleo o vivienda accesible— pero que en la práctica se convierte en un laberinto administrativo sin salida rápida. A pesar de los anuncios de mejora de la Conselleria de Servicios Sociales, el tiempo parece detenido: las solicitudes continúan acumulando retrasos que llegan a los 18 y hasta 24 meses, según constatan tanto el Síndic de Greuges como diversas asociaciones.

Más de 42.000 pesonas con discapacidad

El contexto no ayuda a suavizar el impacto. La provincia cuenta con 42.630 personas reconocidas oficialmente con algún grado de discapacidad, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. Tras esa aparente estabilidad, sin embargo, se esconde la realidad de quienes aún esperan: expedientes que no avanzan y resoluciones que no llegan, con el consiguiente freno a sus derechos y a su plena inclusión.

Síndic de Greuges

La queja elevada al Síndic de Greuges esta misma semana lo ilustra con nitidez. Se trata de una solicitud presentada el 27 de noviembre de 2024 y que sigue sin respuesta un año después. Tras contrastar la situación con la conselleria, el organismo concluye que existe una “grave demora” en la valoración del grado de discapacidad, tanto en los reconocimientos iniciales como en las revisiones. Una demora que, recuerda, no es un mero retraso administrativo: afecta directamente a la vida de las personas, condiciona su acceso a prestaciones y limita sus oportunidades de inclusión sociolaboral.

Por ello, el Síndic insta a la administración autonómica a poner en marcha un plan de choque que refuerce los recursos humanos dedicados a estas tramitaciones. Además, reclama acelerar la implantación de la nueva aplicación informática, aún en pruebas, para que pueda funcionar de forma inmediata y contribuya a aliviar la lista de espera.

Las asociaciones del sector ponen voz a la frustración acumulada. El presidente de Cocemfe Castelló, Ximo Nebot, pide a la administración que agilice los procedimientos y, si el problema es la falta de personal, que lo aborde de forma urgente. Nebot subraya que no solo se trata de plazos desorbitados —“un año o incluso casi dos”— sino también de resoluciones que, en ocasiones, “no reflejan la realidad” de la persona solicitante. “A veces no te llega a ver nadie y se basan solo en informes y baremos que no representan tu situación real”, advierte.

Día mundial

Cartel del día mundial de las personas con discapacidad

Cartel del día mundial de las personas con discapacidad / PILAR CORTES

Día mundial

Mientras tanto, Castellón se prepara para conmemorar este miércoles, 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con actividades inclusivas y la lectura de un manifiesto en la plaza Borrull. Un texto que reclama que la inclusión deje de ser un horizonte y se convierta en un presente tangible: accesibilidad universal, eliminación de barreras, viviendas adaptadas, apoyos garantizados y políticas de empleo con perspectiva de discapacidad. También propone condicionar los fondos europeos al cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

Radiografía

El retrato provincial evidencia la urgencia de esas reivindicaciones. Casi la mitad de las personas con discapacidad en Castellón —20.567— está en edad laboral, aunque solo una minoría ha logrado materializar su derecho al empleo. La discapacidad física continúa siendo la más numerosa (24.304 casos), seguida de la psíquica o de salud mental (6.208). Además, 20.130 personas superan los 60 años, un colectivo para el que los retrasos administrativas pueden resultar especialmente gravosos.

Y es que como explica Nebot, "la discapacidad no es el problema, el problema es la falta de derechos o su incumplimiento, porque cuando se garantizan los derechos de las personas con discapacidad ganamos como sociedad, siendo más democrática, más inclusiva, más accesible, con una mejor calidad de vida".

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