¿Vives de alquiler? Más de 5.000 inquilinos de Castellón afrontan subidas de hasta 224 euros en 2026

Miles de inquilinos castellonenses recibirán el 2026 con un gran quebradero de cabeza: saber cuánto les subirá el precio del alquiler y si podrán seguir en la vivienda en la que residen actualmente. El próximo año está marcado en rojo en el calendario, ya que vencen aquellos contratos que se firmaron en el 2021, cuando se produjo un pico después de superar lo peor de la pandemia del covid-19.

Castellón, en aquel año, suscribió al menos 5.075 contratos de alquiler de viviendas, según se puede extraer de las fianzas depositadas ante la Conselleria de Economía y Hacienda, tal y como establece la normativa. El Ministerio de Consumo, por su parte, cifra en 62.523 los contratos que se verán afectados en el conjunto de la Comunitat Valenciana, por lo que si se realiza una estimación a partir del peso de la provincia en el parque residencial de la autonomía la afectación se eleva a las 7.500.

Las consecuencias

¿Y en qué se traducirá esta caducidad de los contratos? El vencimiento permite que el arrendatario pueda revisar de forma libre el precio del alquiler, desapareciendo la limitación de subirlo solo en base al valor de la inflación reflejado en el índice de precios al consumo (IPC) que se aplica habitualmente con el contrato en vigor. El Ministerio de Pablo Bustinduy, para la Comunitat y, por ende, para Castellón, calcula que el año que viene el repunte medio que sufrirán los inquilinos en esta situación será de 2.686 euros, lo que equivale a 224 euros al mes.

Cabe apuntar que entre 2021 y 2025 los precios de los alquileres nuevos han repuntado en Castellón hasta un 43%, con el metro cuadrado pasando de 6 a 8,6 euros, según el portal inmobiliario Idealista. A la práctica, esto implica que por un piso de 80 metros cuadrados se pagara entonces 480 euros frente a los 688 actuales.

Además de subir los precios, el propietario puede optar también, respetando los correspondientes plazos y avisos que se requieren, por proceder a dar por concluido el arrendamiento y, por tanto, obligar a realizar una mudanza.

Desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, su presidente, Francisco Nomdedéu, considera que la situación desencadenará en negociaciones de la renta o nuevos contratos, provocando «muchos cambios tanto de renta como de inquilinos».

Posibles acuerdos

Sin embargo, Nomdedéu matiza que «si se ha ido actualizando el alquiler con el IPC puede haber acuerdo, más aún si se tiene a un inquilino que cumple con los pagos y cuida la vivienda, que es lo que buscan los propietarios».

Desde el Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, creen que la subida de precios resultará «inasumible» para los inquilinos. Por ello, defienden que la situación «no es un problema individual de cada inquilino, es una crisis social ante la que los gobiernos autonómicos tienen que responder con la declaración de zonas tensionadas para topar los precios del alquiler».

También piden medidas desde el Gobierno central «con la aprobación urgente de una prórroga automática de los alquileres para garantizar que puedan continuar en su vivienda actual y manteniendo las condiciones y el precio pactados cinco años atrás».

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