Las agresiones, injurias y ofensas al profesorado de Castellón, Valencia y Alicante serán atentados contra la autoridad

La Comunitat Valenciana acelera la aprobación de una nueva norma para reforzar la convivencia en las aulas, proteger a las víctimas y reconocer la autoridad del profesorado ante el aumento de incidencias en los centros educativos.

El Consell ha acordado la tramitación por vía de urgencia del nuevo decreto de la convivencia en el sistema educativo valenciano, una iniciativa que introduce cambios relevantes para hacer frente a los conflictos escolares y que contempla que las agresiones, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones se consideren faltas graves y se aborden como atentados contra la autoridad.

Tramitación urgente para reforzar la convivencia

El acuerdo fue adoptado este viernes por el pleno del ejecutivo autonómico, a propuesta de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas y reforzar la autoridad del profesorado dentro de la comunidad educativa.

Desde la administración autonómica subrayan que la declaración de urgencia permitirá agilizar la entrada en vigor de un marco normativo renovado, adaptado a las necesidades actuales de los centros educativos, del profesorado y del alumnado.

Reconocimiento a la figura docente

La nueva norma nace con la voluntad de modernizar y fortalecer el modelo de gestión de la convivencia escolar, incorporando medidas que responden tanto al aumento de incidencias como a la evolución de su naturaleza, y atendiendo a la necesidad de reconocimiento institucional del profesorado.

Entre los puntos concretos que se incluyen figura que las agresiones, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones pasarán a considerarse faltas graves, abordándose como atentados contra la autoridad.

Regulación del uso del móvil en las aulas

El decreto otorga rango normativo superior a la regulación del uso de dispositivos móviles en los centros educativos, una medida ampliamente demandada por la comunidad educativa y orientada a minimizar su impacto en el aprendizaje, prevenir el ciberacoso y mejorar el bienestar socioemocional del alumnado.

Esta regulación, establecida inicialmente por la Resolución de 17 de abril de 2024 debido a su carácter urgente, ya ha evidenciado mejoras según los datos registrados, tal como destaca la administración autonómica.

Celeridad en los expedientes disciplinarios

La norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de un procedimiento conciliador y la tramitación de expedientes disciplinarios con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves, lo que permitirá una mayor rapidez en la respuesta ante situaciones de conflicto.

Además, se simplifica la gestión administrativa mediante el desarrollo de un módulo específico en la plataforma Itaca, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente.

Enfoque inclusivo y prevención de la violencia

El proyecto incorpora un enfoque inclusivo, estableciendo que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo actuará como agravante en la gradación de la responsabilidad.

A ello se suma la promoción de programas basados en la evidencia científica orientados al bienestar, la prevención de la violencia y la salud mental, así como la prevención de delitos de odio, integrada como principio junto a la igualdad de trato y la no discriminación.

El decreto entrará en vigor el 7 de enero de 2026, una vez completada su tramitación urgente.

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