Casi 7.000 autónomos se dan de baja este año en Castellón, pero solo 136 logran cobrar el paro

Desde el 1 de enero del 2019, todos los trabajadores por cuenta propia, sean del sector que sean y tengan la edad que tengan, están obligados a cotizar por el cese de actividad, lo que les da derecho a cobrar una prestación económica cuando llega el momento del cierre del negocio. Pero eso es en teoría. En la práctica, el llamado paro de los autónomos continúa siendo el talón de Aquiles del colectivo, ya que la cifra de profesionales de Castellón que consigue cobrar el paro es irrisoria y apenas llega al 2% de quienes bajan la persiana.

Los datos de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, recopilados por Uatae, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, son elocuentes. De enero a octubre de este año, 6.778 autoempleados de Castellón se dieron de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y solo 379 de ellos solicitaron la prestación por cese de actividad. Y si la cifra de solicitudes ya es baja, todavía lo es más la de aquellos que consiguieron cobrar el paro: solamente lo lograron 136, mientras que 243 de las peticiones fueron rechazadas. O dicho de otra manera: la Seguridad Social deniega en la provincia seis de cada diez peticiones para cobrar el cese de actividad.

Aunque es cierto que muchos de los autónomos de Castellón que se dieron de baja del sistema entre enero y octubre de este año lo hicieron porque les había llegado el momento de la jubilación, buena parte de quienes cerraron sus negocios no solicitaron el cobro de la prestación porque no cumplían los requisitos que establece la ley.

Para poder cobrar el cese de actividad hay que tener un mínimo de 12 meses cotizados por cese de actividad y, además, el profesional tiene que justificar las causas del cierre de su negocio. Dispone de dos opciones: demostrar un nivel de pérdida mayor del 10% a los ingresos anuales o del 20% en dos años consecutivos o bien alegar motivos técnicos, productivos u organizativos, o causas mayores, como la pérdida de licencia administrativa para desarrollar la actividad, o que se den situaciones de divorcio o separación legal o violencia de género.

Raúl Salinero, presidente de Uatae, asegura que a la hora explicar por qué los autoempleados apenas solicitan la prestación por cese de actividad hay que tener en cuenta la existencia de un gran número de personas trabajadoras autónomas de temporada, que desarrollan su actividad durante unos meses concretos del año, o los autónomos discontinuos, que entran y salen del sistema en función de la demanda en sectores como el turismo, el comercio o la agricultura. «También influye el efecto de la tarifa plana, ya que buena parte de las nuevas altas finalizan su actividad antes de los 18 meses, cuando se agotan las bonificaciones iniciales y aún no se tiene derecho efectivo a la prestación por cese», explica mientras insiste en que «el problema de fondo es que el sistema de protección no está preparado para esta realidad».

Un modelo que no es efectivo

Los datos son los que son, se repiten en prácticamente todas las provincias de país y, para Salinero, esa brecha estructural entre bajas reales y prestaciones concedidas «pone en cuestión la efectividad del modelo actual y refleja una asimetría preocupante, ya que se exige cotizar, pero acceder a la cobertura sigue siendo extraordinariamente difícil para la mayoría».

ATA va en la misma línea. «El paro del autónomos sigue siendo un derecho limitado. Imaginen qué pasaría si al 60% de los desempleados se les negara el paro», explican desde la organización y reivindican un cambio para que el colectivo pueda cobrar el paro como los asalariados, de forma automática cuando cumplan los requisitos básicos de cotización.

Suscríbete para seguir leyendo