Alivio para 19.000 parados de Castellón: no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta

El 2025 se despide con una buena noticia para los cerca de 19.000 parados de Castellón que cobran una prestación o un subsidio por desempleo. El Gobierno ha dado finalmente marcha atrás y ha suprimido la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de realizar la declaración de la Renta. La medida será de aplicación para el ejercicio fiscal de 2025 y supone rectificar la obligación que figuraba en la reforma del subsidio de paro de 2024.

De los 31.805 parados que hay en la provincia (datos al cierre del pasado mes de noviembre), 18.964 perciben algún tipo de prestación por desempleo. La mayoría (11.492) cobran la prestación, mientras que 7.442 reciben un subsidio y otros 30 la Renta Activa de Inserción. En un principio todos ellos estaban obligados a presentar la declaración de la Renta en la campaña del IRPF de 2026 (arranca en abril y termina en junio), aunque a última hora, y para alivio del colectivo, el Ministerio de Hacienda ha reculado y ha eliminado esa obligatoriedad.

El Gobierno justifica su cambio de opinión debido a dos motivos. Por un lado, los desempleados, cuando se les reconoce la prestación, ya firman una declaración responsable conforme cumplirán los derechos y obligaciones aparejados con la misma. Por el otro, «el refuerzo de la interoperabilidad con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria», lo que «han permitido prescindir de esta obligación legal de presentar la declaración correspondiente».

Quienes sí van a tener que rendir cuentas al fisco son aquellas personas que hayan estado unos meses cobrando el paro, pero luego hayan encontrado trabajo y percibido un sueldo.

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El departamento que dirige María Jesús Montero introdujo hace dos años una serie de cambios con el objetivo de incrementar la información fiscal que tenía de los ciudadanos. Dichos cambios pasaban por exigir a los desempleados que también declararan sus ingresos pese a que estos ya provenían del Estado y el mismo tenía, por otras vías, constancia de los mismos.

Además, de que la mayoría de ingresos derivados de las prestaciones están por debajo de los mínimos exentos para tener que hacer la declaración (22.000 euros con un pagador o 15.876 euros con más de uno). O lo que es lo mismo: la previsión era que la mayoría de los perceptores de realizaran la declaración de la Renta, aunque no les hubiera tocado pagar.

La idea inicial era que la obligatoriedad de la declaración entrara en vigor en 2025, pero se acabó posponiendo un año ante el desacuerdo en el Gobierno (el Ministerio de Trabajo no lo veía con buenos ojos y Hacienda sí). Ahora, el Ejecutivo ha decidido desterrar definitivamente esta vía. «Resulta necesaria la supresión de esta obligación, pues su alcance actual no supone solo una obligación formal. Ello excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo», justifica el Gobierno.

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